Dos ministros se aprovecharon de sus cargos para presionar indebidamente por el despido de dos empleados de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) a finales del 2022, concluyó la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en una denuncia presentada ante la Fiscalía General, contra los jerarcas, por una aparente violación al deber de probidad.
De acuerdo con la denuncia, a través de mensajes de texto y audio de WhatsApp y llamadas telefónicas, los ministros habrían presionado a Eric Scharf, presidente de Cinde.
Los denunciados son los jerarcas Manuel Tovar Rivera, de Comercio Exterior (Comex), y Paula Bogantes Zamora, de Ciencia y Tecnología (Micitt). En el momento de los hechos, Bogantes fungía como viceministra de Comex.
Según la Procuraduría de la Ética, entre el 6 y el 21 de diciembre del 2022, Tovar y Bogantes pidieron a Scharf la salida del entonces director general de Cinde, Jorge Sequeira Picado, y de la directora de Comunicación y Mercadeo, Andrea Centeno.
Jorge Sequeira anunció su salida un mes después, mientras que Andrea Centeno continúa en el puesto. Ella fue presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) durante el gobierno anterior, de Carlos Alvarado (2018-2022).
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Cinco meses después de la presión, el 3 de mayo del 2023, el gobierno decidió romper unilateralmente el convenio de atracción de inversiones con Cinde, bajo el argumento de que la situación fiscal le impedía seguir aportando recursos para la ejecución del acuerdo.
La Nación envió consultas a Tovar y Bogantes desde el pasado martes en la mañana, a través de las oficinas de prensa de Comex y Micitt, sin que se recibiera una respuesta.
Denuncia penal
A raíz de una denuncia de Andrea Centeno, la Procuraduría de la Ética envió al mandatario Rodrigo Chaves dos informes sobre “presuntas faltas a la ética pública”, el 21 de mayo del 2024, para que abriera un procedimiento administrativo a los ministros. En forma paralela, presentó la denuncia penal.
El Ministerio Público confirmó que la causa contra Tovar y Bogantes se abrió desde ese mismo día por el aparente delito de tráfico de influencias —el cual constituye una falta al deber de probidad—. Se tramita bajo el expediente N.° 24-000033-0033-PE y actualmente se encuentra en la “etapa de recolección y análisis de prueba”.
Los dos informes (PEP-INF-010-2024 y PEP-INF-011-2024), uno para cada jerarca, narran los mismos hechos.
En el caso de Tovar, por ejemplo, se le describe “como presunto responsable de haber cometido una supuesta falta al deber de probidad, al aprovecharse del ejercicio de su cargo para presionar —a través de mensajes de texto de WhatsApp y llamadas telefónicas— al señor Eric Scharf Taitelbaum, presidente de la Junta Directiva de Cinde, con el ánimo de que destituyera de sus cargos a las siguientes personas: Andrea Centeno Rodríguez y Jorge Sequeira Picado”.
Para sustentar sus conclusiones, la Procuraduría adjuntó capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp y los audios enviados por Tovar y Bogantes a Scharf.
El presidente de Cinde, además, brindó su testimonio. En el expediente también constan los testimonios de Jorge Sequeira y Andrea Centeno, así como recortes de varias noticias.
Al enterarse sobre los informes de la PEP, el 17 de junio del 2024, el presidente Chaves se abstuvo de conocerlos y se los encomendó al primer vicepresidente, Stephan Brunner, quien posteriormente invalidó las pruebas y exoneró a los ministros de los hechos, bajo el argumento de que no se pudo corroborar la autenticación de los mensajes de texto y audios, pese a que Scharf confirmó que los recibió.
El artículo 52 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito sanciona con penas de dos a cinco años de cárcel a quien incurra en un tráfico de influencias y eleva en un tercio el castigo si el que cometa el delito es miembro de los supremos poderes.
Proceso tardó 17 meses
Centeno tuvo que acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para que su denuncia avanzara en la Procuraduría de la Ética. Tras 14 meses sin una respuesta, en febrero del 2024 ella interpuso un amparo de legalidad, alegando que se le había violentado su derecho a una pronta resolución.
Ese recurso fue admitido dos meses después, en abril pasado, y de inmediato ese Tribunal le dio a la PEP un plazo de 15 días hábiles para responder.
Posterior a esa notificación, el 21 de mayo del 2024, la Procuraduría concluyó el procedimiento.
De previo a que acudiera al Contencioso Administrativo, la funcionaria de Cinde pidió a la PEP, en tres ocasiones, información sobre el avance de su caso y siempre recibió la misma respuesta: que estaba en investigación preliminar.
Así ocurrió cuando presentó una solicitud de pronta actuación en mayo del 2023 y remitió nuevas solicitudes de seguimiento en julio y octubre de ese mismo año.
Resuelto el caso en la PEP, el Contencioso dio por concluido el amparo de legalidad: “En el caso presente, se tiene por demostrado que la gestión cuya falta de resolución reclama la parte actora, del 22 de diciembre del 2022, con diversas pretensiones, finalmente fue conocida, resuelta y notificada por las autoridades recurridas antes del 21 de mayo del 2024.
“Lo anterior se produjo pocos días después de notificado a los recurridos el auto inicial de este proceso de amparo de legalidad, según la información que obra en autos”, se consignó en la resolución N.° 2024-008930.
Ante una consulta de este diario, la Procuraduría de la Ética negó que hubiese alguna anomalía por la demora para resolver esta denuncia.
“Sin excepción, los asuntos planteados ante la PEP se resuelven con estricto apego a la normativa vigente. La duración de cada caso puede verse influenciada por múltiples factores. En este contexto, los usuarios tienen la potestad de ejercer las acciones legales que consideren oportunas y convenientes a sus intereses particulares”, alegó en un correo electrónico, a través de su oficina de prensa.
Colaboró con esta información el periodista Diego Bosque.