El abogado Marvin Carvajal calificó como acoso y persecución el accionar de los ministros Manuel Tovar y Paula Bogantes, titulares de los Ministerios de Comercio Exterior (Comex), y de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), respectivamente, en contra de dos funcionarios de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), en diciembre del 2022.
Bogantes era viceministra de Comercio Exterior en aquella época.
Carvajal es el defensor de Andrea Centeno, directora de Comunicación y Mercadeo del Cinde, quien denunció a los dos jerarcas ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
“En este caso, lamentablemente se dio una serie de acciones incorrectas, lesivas de los derechos de doña Andrea, que implicaron un uso abusivo de la autoridad por parte de un ministro y una viceministra de gobierno, en ese momento, que no obedecían a causas legítimas, sino a causas que podríamos considerarse espurias, poco válidas; que estaban poniendo en riesgo la seguridad laboral de una persona, su trayectoria y su prestigio profesional”, argumentó Carvajal.
Aunque el vicepresidente Stephan Brunner exoneró a los jerarcas de cualquier responsabilidad al anular la prueba, el abogado insistió en que la evidencia sí será válida en el Ministerio Público.
Además, no descartó que los actos respondieran a una persecución política, pues Centeno fue presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) durante la administración de Carlos Alvarado (2018-2022).
“Eso es lo que pareciera revelar la prueba con que se cuenta. Los actos administrativos requieren tener un fin legítimo. Pareciera que hubo una finalidad distinta, como tener en determinados puestos solo a la gente que sea de la confianza del gobierno, o bien, castigar a alguna persona por haber desempeñado una función pública en un gobierno distinto”, añadió el abogado.
Según la Procuraduría, entre el 6 y el 21 de diciembre del 2022, Tovar y Bogantes pidieron a Eric Scharf, presidente de Cinde, la salida del entonces director general de esa entidad, Jorge Sequeira Picado, y de Centeno.
Sequeira se fue un mes después, mientras que Centeno continúa en el puesto.
Cinco meses después de la presión, el gobierno decidió romper unilateralmente el convenio de atracción de inversiones con Cinde.
La Nación envió consultas a ambos ministros, desde el martes en la mañana, a través de las oficinas de prensa de Comex y el Micitt, sin que se recibiera una respuesta.
Marvin Carvajal es el abogado de Andrea Centeno, directora de comunicación y mercadeo de Cinde, quien interpuso una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública contra dos ministros.
La denuncia
Centeno acudió a la PEP el 22 de diciembre del 2022, solo siete meses después de que el presidente Rodrigo Chaves y sus jerarcas asumieran el Poder Ejecutivo.
En junio del 2023, ante una consulta de La Nación, Scharf confirmó la denuncia y la calificó como una defensa ante “un ataque a sus derechos y estabilidad laboral”.
Centeno, por su parte, remitió una comunicación enviada a sus superiores en la que expresó lo siguiente:
“Para su conocimiento como representantes de Cinde, entidad que es actualmente mi patrono, les comunico con absoluta transparencia y tal cual considero íntegro, que he presentado denuncia formal ante una autoridad competente, en contra de las acciones que dos funcionarios públicos de alto rango han ejercido en semanas anteriores, tratando de afectar mi estabilidad laboral. La denuncia la realizo en carácter personal, amparada en mis derechos como ciudadana en un Estado de derecho como el costarricense”, apuntó.
En esa oportunidad, Scharf reconoció que sí recibieron consultas y comunicaciones de parte del actual gobierno “sobre el rol de miembros específicos del equipo de liderazgo y jerarquías a lo interno de Cinde”.
Al tiempo que informó de que han sido totalmente respetuosos del proceso personal en curso.
