EscucharApenas Luis Antonio Sobrado anunció su renuncia a la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, las redes sociales, incapaces de admitir la posibilidad de un comportamiento virtuoso, desataron una lluvia de falsedades para disminuir el gesto y a su autor. Sobrado, dice una versión, recibirá una pensión multimillonaria. En consecuencia, su dimisión no implica el menor desprendimiento.
Es totalmente falso, pero también triste. Amplios sectores de la sociedad se empeñan en negar el menor asomo de honradez en la función pública. Nada está libre de sospecha y la sospecha basta para fundamentar la condena. Si no hay elementos para dictarla, basta imaginarlos. Con suficientes «likes» en las redes sociales, se convierten en verdad.
Sobrado no necesita defensa, pero las instituciones sí. El magistrado podrá aclarar, como lo hizo en su carta de renuncia, la falsedad de los infundios. Habrá quienes se empeñen en no creer, pero con eso hay que contar. La institucionalidad, en cambio, no tiene la ventaja de responder a cargos concretos. Se erosiona bajo una pléyade de falsedades e insinuaciones construidas a partir de repudiables actos de corrupción, cuya existencia no debe ser negada, pero tampoco puede permitírsele opacar la virtud y el civismo.
Sobrado debía inhibirse de ejercer su función de magistrado tras la inscripción de la candidatura a vicepresidenta de su cuñada, la periodista Ana Lupita Mora, compañera de fórmula de Rolando Araya. La ley impone esa obligación sin perjuicio para el cargo y salario cuando en la justa electoral participe un familiar por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado. El magistrado pudo irse a descansar durante los próximos meses sin ninguna afectación en sus ingresos para luego volver a la función pública y al prestigio de su cargo.
Sobrado declinó la oportunidad. Si las circunstancias le impedían desempeñar sus funciones, tampoco le pasaría la cuenta al Estado, pero no cayó en el colchón de plumas inventado por las redes sociales. El magistrado no tiene derecho a una pensión de lujo sino a la del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. A sus 60 años, tampoco tiene la edad para jubilarse y, posiblemente, deba esperar otros cinco si se le aplica la reforma aprobada por la Junta Directiva de la institución.
Incluso, hay debate sobre la correcta interpretación de la ley. Algunos estudiosos consideran suficiente la abstención de participar en la resolución de asuntos que puedan afectar al familiar. En esa tesitura, Sobrado pudo permanecer activo, quizá con menoscabo de la credibilidad del Tribunal. Ni siquiera lo intentó. El gesto es encomiable en un país donde también hay funcionarios que pasan años suspendidos con goce de salario pese a la claridad de las faltas cometidas.
Sus compañeros de estrado supieron reconocer la dignidad de la decisión al saber de la renuncia: «… este Tribunal, en primer lugar, desea expresar que, si bien su decisión nos llena de pesar, el sentimiento más fuerte en la institución en este momento es de orgullo. Don Luis Antonio —aunque considera que con ello interrumpe abruptamente su carrera como juez electoral y consciente de los impactos negativos que esa decisión entraña para su familia— estima, sin que la ley lo obligue, que la ética republicana así se lo demanda. Con su decisión, el Dr. Sobrado privilegia, por encima de sus legítimos intereses personales, incluso de sus derechos, el prestigio y la credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones y la confianza de la ciudadanía en la pureza de los comicios, histórica lección cívica, no solo para los costarricenses, sino también luminoso caso de ejemplaridad pública en las Américas».
