Es un motivo legítimo y merecido de celebración. Costa Rica negó el voto a las mujeres hasta 1949, tuvo su primera presidenta legislativa en 1986 y su primera presidenta de la República en 2010. Hoy, la Asamblea Legislativa tiene 30 diputadas de 57 curules, por primera vez más mujeres que hombres. Para una niña hoy, ver a cuatro mujeres en esos despachos tiene un valor simbólico enorme.
Tampoco fue casualidad. El salto en el Congreso se debe al Código Electoral de 2009 y las interpretaciones posteriores del Tribunal Supremo de Elecciones, que impusieron paridad y alternancia en las papeletas. Esos espacios se ganaron por una norma que resultó efectiva, y no solo por la buena voluntad de los partidos políticos. Lo que el Código logró en las listas de diputados no es aplicable a los puestos más altos, en donde el acceso depende de votos, alianzas y de la disposición de quienes ocupan ya posiciones de poder, muchos de ellos hombres.
Sin embargo, no todo es motivo de celebración. Conviene separar dos cosas que la ciencia política distingue desde hace décadas: la representación descriptiva, es decir, que una mujer ocupe el cargo, y la representación sustantiva, esto es, que el cargo se ejerza a favor de la igualdad. La primera es la condición necesaria, pero la segunda no está garantizada por ella, y en la historia existen muchos ejemplos de mujeres que llegaron al poder sin mejorar la suerte de otras. Que en las oficinas públicas cuelguen fotografías de cuatro presidentas no reduce la violencia ni cierra las brechas de género. Eso lo hacen las leyes, los presupuestos y las decisiones que van más allá de las fotografías.
La presidenta Fernández, por ejemplo, se declara contraria al aborto, se mostró satisfecha cuando el gobierno de Rodrigo Chaves derogó, en 2025, la norma técnica sobre aborto terapéutico para restringirlo a los casos de riesgo vital, respaldó la reforma de las guías de educación sexual y ha reiterado que mientras gobierne no promoverá políticas de “ideología de género”. Más llamativo aún es el hecho de que insiste en ser llamada “presidente” y no “presidenta”. La Real Academia admite ambas formas, aunque recomienda la femenina. Nadie le discute a la presidenta el derecho a ser llamada como prefiera, pero sí el mensaje que promueve. Llega por un camino que fue abierto por mujeres con mucho esfuerzo durante décadas y, aun así, prefiere el masculino para nombrarse.
En el caso de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, dijo en junio que también prefiere ser llamada “presidente”. Dirige un congreso donde la bancada oficialista incluye al menos a cinco pastores o líderes evangélicos conservadores.
En esa misma Asamblea Legislativa, la semana trasanterior, en la Comisión de la Mujer, se acordó eliminar el anticonceptivo de emergencia del expediente 23.633, que convertiría en ley el Protocolo de las 72 horas para atender a víctimas de violencia sexual. Cuatro diputadas de Pueblo Soberano, junto con dos del PLN, votaron a favor de quitarlo, mientras la diputada Vianey Mora, del Frente Amplio, votó en contra.
Todo esto, pese a que la Fundación Paniamor y las asociaciones de Obstetricia y Ginecología y de Pediatría piden incluirlo expresamente, a que el Colegio de Psicólogos advierte de que exigir prueba de embarazo antes es revictimizante, y a que la OMS reconoce que el anticonceptivo de emergencia no es abortivo. Es difícil encontrar un mejor ejemplo de cómo más mujeres no garantizan más derechos para las propias mujeres.
Que cuatro mujeres presidan los poderes es una buena noticia. Que dos de ellas prefieran el masculino para nombrarse podría ser solo una anécdota si el resto de sus decisiones dijeran otra cosa.
El acceso de cuatro mujeres al poder no es la medida del progreso de todas. Ese progreso se mide en la atención que recibe una víctima de violación, en la autonomía que conserva sobre su cuerpo y en los derechos que el Estado le garantiza. La fotografía es histórica; exijamos que las decisiones estén a la altura.
