La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 21 de octubre un texto sustitutivo que elimina la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos contemplados en un proyecto de ley para garantizar la atención integral de víctimas de violación sexual durante las primeras 72 horas posteriores a la agresión.
La modificación al expediente 23.633 se aprobó mediante la moción 137-4, con seis votos a favor y uno en contra. La única legisladora que se opuso fue Vianey Mora Vega, del Frente Amplio, quien cuestionó que se excluyera ese medicamento del protocolo de atención.
La propuesta recibió el respaldo de las diputadas de Pueblo Soberano Kattia Calvo Cruz, Kattia Mora Montoya, Ana Ruth Esquivel Medrano y Mayuli Ortega Guzmán, así como de las liberacionistas Karen Alfaro Jiménez y Andrea Valverde Palavicini.
El cambio suprime del artículo 6 la anticoncepción de emergencia, que figuraba expresamente entre los servicios mínimos regulados por el protocolo. El texto sustitutivo tampoco incorpora ese servicio en otras disposiciones.
Antes de esta modificación, el proyecto establecía que los métodos anticonceptivos de emergencia podían utilizarse para prevenir un embarazo después de una violación.
La redacción original recomendaba su uso dentro de los cinco días posteriores a la agresión, aunque señalaba que su eficacia era mayor cuanto antes se utilizara.
Posteriormente, una moción aprobada el 30 de octubre de 2025 modificó ese apartado para establecer que el suministro debía realizarse a solicitud de la víctima y después de un procedimiento de consentimiento informado.
El nuevo texto sustitutivo elimina por completo esa disposición.
Diputadas de Pueblo Soberano justificaron la eliminación
La presidenta de la comisión, Kattia Calvo Cruz, explicó que las diputadas de Pueblo Soberano decidieron excluir la anticoncepción de emergencia debido a dudas sobre sus efectos y a las convicciones de su fracción respecto a la protección de la vida desde la concepción.
Calvo sostuvo que los plazos legislativos no les permitieron realizar una investigación exhaustiva sobre los criterios científicos que, según manifestó, existen en torno al medicamento.
La legisladora también planteó su preocupación por la posibilidad de suministrar anticoncepción de emergencia a una mujer que ya estuviera embarazada como resultado de una relación sexual anterior a la agresión.
Durante la discusión, Calvo afirmó que su fracción estaba dispuesta a reincorporar el medicamento al proyecto, siempre que se estableciera como requisito una prueba de embarazo previa.
La presidenta de la comisión aseguró que cuando el expediente llegue al plenario para su discusión en primer debate, las diputadas promoverán que regrese a la comisión para introducir esa modificación.
“Estamos dispuestas a volver a incluir la pastilla contraceptiva en las mociones que correspondan cuando se retrotraiga a comisión”, manifestó Calvo.
La diputada Kattya Mora Montoya respaldó esa posición. Explicó que su voto favorable respondía a las convicciones que comparte con sus compañeras de fracción y expresó preocupación por la posibilidad de que el medicamento afectara un embarazo existente.
Mora, quien se identificó como pastora y cristiana evangélica, aclaró que no se opone al uso de anticonceptivos en general, pero consideró necesario establecer un procedimiento para descartar un embarazo antes de suministrar la pastilla.
La legisladora propuso utilizar la prueba de embarazo más sensible disponible en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ana Ruth Esquivel Medrano también respaldó el texto sustitutivo. Durante su intervención indicó que la decisión había sido tomada conjuntamente con sus compañeras y mencionó sus convicciones provida y su religión cristiana evangélica.
Frente Amplio cuestionó exclusión del medicamento
La diputada Vianey Mora Vega sostuvo que la anticoncepción de emergencia constituye uno de los componentes centrales del proyecto y cuestionó que se eliminara del protocolo de atención a víctimas de violación.
La frenteamplista explicó que, según los estudios científicos a los que hizo referencia, el medicamento retrasa o inhibe la ovulación para impedir la fecundación y no interrumpe un embarazo ya implantado.
Mora Vega rechazó que la discusión sobre la anticoncepción de emergencia se equiparara con un debate sobre el aborto. Además, señaló que el proyecto debía contemplar medidas para prevenir un embarazo tras una violación, así como la atención médica y emocional.
La legisladora también cuestionó otros cambios del texto sustitutivo, entre ellos el uso de las siglas PREP para referirse a la profilaxis contra el VIH y las modificaciones relacionadas con la valoración médico-forense de las víctimas.
Pese a su voto en contra, Mora Vega manifestó posteriormente su disposición a participar en la elaboración de una moción que permita reincorporar la anticoncepción de emergencia, junto con una disposición sobre la prueba de embarazo previa.
La diputada indicó que sería necesario determinar jurídicamente qué tipo de prueba se exigiría.
Acuerdo para revisar el proyecto en el plenario
Calvo reiteró durante la sesión que las diputadas de Pueblo Soberano se comprometían a promover el regreso del expediente a la comisión una vez que alcanzara la etapa del primer debate.
La intención expresada por las legisladoras es presentar una modificación conjunta que reincorpore la anticoncepción de emergencia al protocolo, condicionada a una prueba de embarazo previa.
Ese compromiso quedó expresado durante la discusión, pero no forma parte de la disposición aprobada este miércoles.
Después de la aprobación del texto sustitutivo, las diputadas conocieron una moción para revisar la votación. La solicitud fue rechazada por seis votos contra uno, por lo que se mantuvo el resultado inicial.