Los regidores de Alajuela son los “mejores y más probos ciudadanos” del cantón, están a salvo de tentaciones corruptas y estudian los temas sometidos a su consideración con mayor empeño que los directivos del Banco Central y otras municipalidades. Por eso se les remunera mejor, según se desprende de los argumentos ofrecidos por el presidente del Concejo, Luis Alfredo Guillén, para justificar los pagos.
No obstante, el funcionario reconoce el desorden salarial del Estado costarricense y no queda claro si defiende o cuestiona las dietas municipales cuando pregunta: “¿Tiene sentido que en los bancos o en algunas instituciones autónomas tengan salarios superiores a los de los ministros, o del mismo Presidente de la República? Bueno, la respuesta es muy clara. No. Hay un problema con el régimen salarial”.
Salta, pues, a la mente una pregunta: ¿Esperará la Municipalidad de Alajuela la rectificación de las distorsiones salariales en todo el sector público antes de resolver la suya? Según el presidente municipal, la solución pasa por una reforma legislativa, porque “no es una potestad de nosotros los regidores decir páguenos más o páguenos menos”.
Sin embargo, la ley no impone el monto de las dietas y deja a las municipalidades un alto margen de discrecionalidad para fijarlas. Así se explica que San José, un Concejo con 2,5 veces el presupuesto de Alajuela y enfrentado a problemas mucho más complejos, pague menos por sesión (¢159.710).
Según el artículo 30 del Código Municipal: “Las dietas de los regidores y síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un veinte por ciento (20 %), siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en relación con el precedente, en una proporción igual o superior al porcentaje fijado”. La palabra “podrán” desmiente la imposición legal del aumento, sin mencionar siquiera el amplio margen de discrecionalidad consagrado en la frase “hasta en un veinte por ciento”.
Pero en Alajuela el presupuesto municipal ha venido creciendo a buen ritmo y los regidores no han dejado de percibir los beneficios autorizados, pero no exigidos, por la ley. En ese punto, el presidente municipal tiene razón: visto el caso, hace falta una reforma para imponer al crecimiento de las dietas los límites que la racionalidad y la ética no imponen en la práctica.
En solo cinco años, el presupuesto para dietas aumentó un 50 % y ahora los ediles ganan algo más de ¢260.000 por sesión, mientras los directivos del Banco Central, con sus gravísimas responsabilidades y la preparación exigida para desempeñar el cargo, son remunerados con poco menos de ¢210.000.
Aunque el argumento no sirva para justificar los excesos de Alajuela, el presidente municipal también lleva razón cuando enmarca el caso en la caótica situación de las remuneraciones estatales. Los funcionarios de menor rango, con salarios superiores al del jerarca de la institución donde laboran, son un fenómeno usual. Hace pocas semanas, La Nación informó de 53 empleados del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), una quinta parte de la planilla, con ingresos superiores a los de la Presidencia Ejecutiva.
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Las distorsiones salariales existen al interior de las instituciones, entre unas y otras o en las entidades autónomas cuando se les compara con el gobierno central. Obedecen a las diferencias en beneficios y pluses, especialmente el perverso mecanismo de las anualidades. Los excesos son mayores en las entidades dotadas de autonomía, porque ahí los encargados de decidir tienen latitud para cuidar, en primer término, de sí mismos. La Municipalidad de Alajuela es un ejemplo más.
