EscucharEl presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, despertó inquietud el domingo cuando anunció su intención de identificar líderes comunales para servir de “detectives” en la lucha contra el coronavirus SARS-CoV-2. La labor de los oficiosos investigadores consistiría en alertar de personas con síntomas de covid-19 o irrespetuosas de una orden de aislamiento obligatorio, entre otras posibilidades.
El planteamiento sorprende en boca del presidente ejecutivo de una institución recelosa de experimentar con el seguimiento electrónico de contactos por un supuesto temor a violar la privacidad de las personas. Al parecer, la participación voluntaria en un sistema de geolocalización es inadmisible, así como la garantía de restringir el manejo de los datos resultantes a personal sanitario del Estado, pero el espionaje a cargo de los vecinos no causa resquemor.
Es imposible conciliar el respeto a la privacidad de los datos confidenciales (y los relacionados con la salud están entre los más delicados) con la vigilancia comunal del respeto a una orden de aislamiento obligatorio. Para ejercer la supervisión, el dirigente de barrio debe conocer la orden y sus pormenores. No hay otra manera de saber si el vecino ya cumplió y está autorizado para salir sin provocar la denuncia del “detective” local.
Existen buenos motivos para el celo de la ley en lo relacionado con los datos atinentes a la salud. Uno de ellos fue explorado con detalle en un reportaje publicado en nuestra edición del 31 de mayo bajo el título “Estigmas sociales: la batalla de los sobrevivientes al covid-19”. La información recoge declaraciones del equipo de psicología del Hospital San Juan de Dios sobre pacientes recuperados del virus y ahora enfrentados al rechazo de sus vecinos, la discriminación contra sus hijos y hasta agresiones a sus viviendas.
Entre el 22 de marzo y el 22 de abril, un hombre de 72 años luchó por su vida en ese hospital, donde permaneció 18 días en la unidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, a oídos de su familia llegaban rumores difundidos por el barrio. Un grupo en WhatsApp acusó a la familia de esparcir el virus, de impedir el paso del personal sanitario y de rechazar someterse a la prueba.
A la fecha, el estigma no se ha disipado, pero la Caja se plantea la posibilidad de compartir las órdenes sanitarias con los dirigentes comunales para asegurar su cumplimiento y confía en ellos para determinar, a ojo de buen cubero, si algún vecino muestra síntomas merecedores de seguimiento.
Macaya —una presencia ineludible en las conferencias de prensa donde el Ministerio de Salud ofrece los datos indispensables de la pandemia y él siempre encuentra algo para añadir— dijo el lunes haber sido malinterpretado, pero las aclaraciones no despejaron las dudas. Más bien las ampliaron.
“Los líderes comunales son de las tradiciones de vieja data en Costa Rica (...), no es que vamos a buscar desconocidos que serán como policías de la sociedad; son personas que ya tienen liderazgo”, afirmó. Si el trabajo de un líder comunal no agrada a los vecinos, pueden expresar su descontento a la junta de salud local, y agregó: “Hay una serie de balances y chequeos ciudadanos”.
Pero nada interesa la inveterada tradición del liderazgo, característica universal de los grupos humanos, ni el reconocimiento social de los encargados de la labor de detección y denuncia. Tampoco hay razones para confiar en supuestos frenos y contrapesos locales. En esta materia, simplemente, no deben hacer falta. En el caso extraído de nuestro reportaje, lejos de ejercer una función de control, la comunidad perpetró el abuso. Ojalá la Caja recapacite, abandone la absurda idea de su presidente ejecutivo y se abstenga de sembrar discordia en las comunidades mientras viola derechos de los individuos que las habitan. En cualquier caso, para eso sí hay frenos y contrapesos en la democracia.
