Trabajaban en una oficina bien montada en esta capital, la cual funcionaba bajo el disfraz de compañía de bienes raíces y de fondos mutuos.

Las víctimas fueron identificadas como reclutas de 18 a 21 años de edad que cumplían en la guardia los dos años de servicio militar obligatorio en Honduras.

Ojalá la Caja recapacite, abandone la absurda idea de su presidente, de 'identificar líderes comunales para servir de detectives’ en la lucha contra el coronavirus, y se abstenga de sembrar discordia en las comunidades mientras viola derechos de los individuos que las habitan.