El sistema financiero constituye un eje neurálgico para el desarrollo económico y social de cualquier país. Su correcto funcionamiento no solo facilita la intermediación entre ahorrantes, inversionistas y demandantes de crédito, sino que también optimiza la asignación de recursos, reduce costos transaccionales, y cataliza proyectos de impacto social como vivienda, educación y microempresariales. Es decir, es un motor esencial para el crecimiento y el bienestar de la población.
Para que el sistema funcione, se requiere de múltiples instituciones públicas y privadas que demuestren una solvencia económica adecuada, que exista un régimen de sana competencia que promueva la eficiencia, que se rija por un estricto marco regulatorio con normas claras y transparentes, y que la supervisión sea oportuna y efectiva.
En general, el sistema financiero costarricense es un sistema solvente y resiliente que cuenta con importantes fortalezas, tanto por la situación macroeconómica como por el crecimiento sostenido del crédito a través de los años, la adecuación a estándares internacionales y los avances en la normativa regulatoria y de suficiencia patrimonial. Así lo han reconocido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo cual debe ser motivo de tranquilidad para todos.
Lo anterior no es óbice para que acontecimientos noticiosos recientes –y otros que vienen desde hace varios años– hayan levantado legítimas preocupaciones que merecen la atención debida. Nos referimos a los lamentables hechos ocurridos en los casos de Coopeservidores y Desyfin. Si bien en cada uno, las circunstancias que los rodearon son muy distintas y mucho queda todavía por aclarar, lo cierto es que todos ellos minan la confianza que se requiere para que el sistema financiero funcione.
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La confusión entre instrumentos financieros supervisados y no supervisados, proyectos de inversión con falencias evidentes, una gobernanza corporativa débil, alegada colusión entre diversos actores, otorgamiento de créditos en condiciones risibles, controles internos ineficaces, intervenciones externas tardías y una judicialización lenta, son solo algunas de las dificultades que estamos enfrentando. Si bien se trata de casos aislados –y no de un problema sistémico– es indispensable que las autoridades tomen cartas en el asunto para encontrar soluciones y evitar que ahorrantes e inversionistas sigan expuestos a riesgos tan altos.
Otra fuente de preocupación es el sobreendeudamiento que sufren importantes sectores de la población, en parte obligados por la combinación de los bajos salarios y el alto costo de la vida, y en parte por una educación financiera limitada que conduce a un endeudamiento excesivo para mantener un estilo de vida o la adquisición de bienes de consumo o esparcimiento, aprovechando incentivos perversos, así como el coyuntural fortalecimiento del colón frente al dólar. Un estudio del año anterior, realizado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) indicaba, por ejemplo, que casi un 21% de los costarricenses endeudados lo hacían para sufragar gastos de comida, personales o pago de servicios. Y, por otro lado, datos recientes revelan que en 2024 se vendieron casi 75.000 vehículos nuevos, un 34% más que el año previo, la gran mayoría de ellos financiados. El impacto que esto puede tener en la morosidad –ya de por sí alta–, si las circunstancias llegan a cambiar en un mundo tan inestable como en el que hoy vivimos, pueden ser drásticas.
En estas condiciones, la tarea de la nueva superintendenta de la Sugef, Hazel Valverde, es de suma transcendencia.
El robustecimiento del sistema financiero regulado, de una manera racional y reposada, servirá para recuperar la confianza minada de la mano de las entidades supervisadas. La creación de tribunales especializados en el campo financiero podría disipar el sentimiento de impunidad que hoy reina. Mecanismos efectivos para garantizar el acceso a información de calidad y una más amplia formación financiera servirán para mejorar la transparencia y proteger a los inversionistas y consumidores. Esto se logra con liderazgo y sin necesidad de movimientos bruscos, espectacularidad o lesión a la privacidad de los datos personales. La independencia, capacidad e integridad profesional de la nueva superintendenta estarán así a prueba.
Aclaración: una versión anterior de este editorial mencionaba a Aldesa junto a Desyfin y Coopeservidores. Sin embargo, Aldesa no era fiscalizado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) sino por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).