Costa Rica cumplió la pasada semana cinco años de ausencia presidencial ininterrumpida en el debate de alto nivel que celebra cada año la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tan ostensible desdén de nuestro gobierno resulta en extremo grave.
La delegación oficial, que inicialmente estuvo encabezada por el canciller Manuel Tovar, quedó sin liderazgo con su salida. Debió sustituirlo entonces el neófito, recién llegado y cuestionado embajador Boris Marchegiani. La semilla del problema se plantó desde que la presidenta Laura Fernández optó por no asistir.
Para tener una idea de lo que su decisión implicó, he aquí un dato: en la primera lista provisional de oradores, divulgada el 26 de junio, cuando aún se partía de que la presidenta estaría presente, la ONU le asignó el lugar número 13, en la primera sesión. ¿Razón? Su condición de jefa de Estado y de Gobierno en el primer año de su mandato y el prestigio de que aún goza Costa Rica. A esto se sumó la actuación oportuna del personal de nuestra misión ante el organismo.
Sin embargo, de acuerdo con la revisión emitida el 4 de setiembre, Tovar fue enviado al último día, que es el menos concurrido, en el puesto 186 del total de 195 jefes de misión que ocuparon el podio desde el martes 22. Marchegiani, con menor rango, fue bajado aún más, al penúltimo lugar. Nunca había ocurrido un descalabro de esta índole en nuestra diplomacia.
La oportunidad desperdiciada por la presidenta y, debido a ella, por el país, es inexcusable. Pese a sus indudables falencias, la ONU es el gran crisol del multilateralismo; centro de gravedad de la diplomacia mundial; instrumento de paz, cooperación, desarrollo y derechos humanos, e indispensable punto de encuentro, desde la igualdad jurídica, de todos los Estados. Por algo, el presidente Donald Trump la utilizó para llevar a cabo la reunión del llamado Escudo de las Américas, en la que Fernández también brilló por su ausencia y generó el conflicto que culminó con el despido de Tovar.
Para cualquier país, pero sobre todo para los pequeños y débiles, resulta esencial mantener una presencia activa e interacción dinámica con la organización y lo mucho que representa. Costa Rica lo ha hecho durante décadas. Esta conducta nos ha generado respeto y prestigio, valores que alguien podría considerar meramente simbólicos. Pero tan o más importante es que, gracias a ellos, nuestra capacidad de incidencia en temas de la agenda global fundamentales para el país ha sido notable. Principios e intereses se han unido así en una dinámica sumamente provechosa.
Las sesiones que comenzaron el martes y concluyen este lunes ofrecen una oportunidad ideal para exponer ante el mundo las aspiraciones, reclamos, propuestas, logros y necesidades de los países. Facilitan los encuentros destinados a forjar acuerdos y relaciones entre sus representantes. Y sirven para ratificar el apego a los valores fundacionales de la organización, enunciados en su Carta. Sus coincidencias con los rasgos que han caracterizado a Costa Rica como sociedad, como democracia y como actor internacional son múltiples.
Las ausencias de Fernández y su predecesor en el debate general de la ONU son graves en sí mismas, por las razones ya apuntadas. Pero el mayor problema es que se suman a otras señales y decisiones que muestran un claro deterioro de nuestra agenda y proyección externas.
Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, fueron múltiples los ejemplos de pérdida de rumbo en los ámbitos diplomático y de política ambiental, sobre los que editorializamos el 30 de diciembre del pasado año. En lo que va del actual, destacamos dos señales particularmente importantes, ambas relacionadas con las Naciones Unidas.
La primera, la decisión de nombrar representante permanente (embajador) en la organización a una persona sin trayectoria en política exterior y sin interés por ella. Pareciera que sus más importantes atestados fueron desempeñarse como financista clave de la campaña presidencial de Fernández.
La segunda señal se produjo, precisamente, cuando la presidenta trató de justificar ese nombramiento. Pese a que, desde el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Fernández había destacado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU como “la agenda de desarrollo más estratégica del mundo”, el pasado 3 de junio los desdeñó por completo e, incluso, dio a entender que era una suerte de conspiración “colándosenos por la puerta de la cocina”.
Como politóloga, la presidenta debería entender el papel de la organización más universal que existe. Y debería, además, tomar en cuenta que el sistema que emana de ella resulta clave para coadyuvar en el impulso de políticas públicas nacionales que impactan en nuestra calidad de vida.
A lo anterior se añade un elemento coyuntural de enorme importancia: por primera vez en nuestra historia, una costarricense, Rebeca Grynspan, está en la lista de finalistas para ocupar su Secretaría General. Por solidaridad, pero también por interés nacional, el apoyo del gobierno debe ser robusto, sistemático y del más alto nivel. Con su ausencia, la presidenta lo descuidó sin razón. Con la destitución irreflexiva del canciller, lo agudizó temerariamente. No tiene excusas.