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Según el presidente, Carlos Alvarado, el nombramiento de Ottón Solís representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está bien hecho porque él lo decidió y «el presidente es elegido para tener criterio». En efecto, los ciudadanos esperamos buen criterio de todos los funcionarios, pero al presidente lo elegimos, en primer lugar, para «observar y defender la Constitución y las leyes de la República».
Así, dice el juramento constitucional y es en el marco de la Constitución y las leyes que un mandatario ejerce su criterio. Lo contrario sucede en los gobiernos autoritarios, donde el criterio del gobernante es ley y, en cualquier momento, se impone sobre la normativa, la enmienda o deroga.
El Consejo de Gobierno nombró a Solís a instancia del presidente Alvarado, pasando por alto la recomendación del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), cuyo jerarca, Andrés Valenciano, votó en contra. Ese procedimiento contraviene el artículo 4 del protocolo de adhesión a la OCDE aprobado por la Asamblea Legislativa.
Según la norma, «La Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos formará parte del Ministerio de Comercio Exterior y dependerá de este para todos los efectos. El Consejo de Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, designará al funcionario que representará al país ante dicha organización, quien asumirá la delegación en los mismos términos contemplados en el artículo 5 de la Ley 7638, del 30 de octubre de 1996».
Evidentemente, el Comex propone al representante y el Consejo de Gobierno vota para aprobarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, el Comex debe ofrecer otro nombre. Pero, para el presidente, la ley no dice eso. Según criterio del gobierno, la correcta interpretación es que al Comex solo se le concede la absurda «iniciativa» de pedir la elección de alguien, no la facultad de proponerlo. Al mandatario le parece lógico porque, de lo contrario, ¿para qué ir al Consejo de Gobierno?
La respuesta se encuentra en varios trazos del diseño institucional donde se prevé el nombramiento por una institución a instancia de otra. La Corte Plena propone a los magistrados suplentes, pero los nombra la Asamblea Legislativa. Si los diputados rechazan la recomendación, la Corte somete otra. El mismo mecanismo opera, por ejemplo, para designar al procurador general de la República, cuya postulación ante el Congreso es potestad del Consejo de Gobierno.
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Como es obvio, la ley pretende una candidatura en armonía con las políticas y prioridades de la institución interesada, pero establece un control adicional de idoneidad. En efecto, el representante ante la OCDE pertenece al Comex y depende «de este para todos los efectos», según la ley. La ratificación de nombramientos propuestos por terceros es un mecanismo común en las democracias y no debería extrañar al mandatario. En Estados Unidos, por ejemplo, el legislativo aprueba (o rechaza) hasta a los miembros del gabinete.
El presidente formula la pregunta equivocada. Si la interpretación del Ejecutivo fuese correcta, más bien habría que preguntar para qué la «iniciativa» asignada al Comex. No tendría sentido alguno dotar a ese despacho de la facultad de instar el nombramiento de «alguien», a «criterio» del presidente, y por votación del Consejo de Gobierno. Sería como darle la «potestad» de advertir la existencia de una vacante para echar a andar el proceso de reemplazo a cargo de otros con mejor «criterio».
La confusión del mandatario sobre el propósito de su elección preocupa más en vista de otra afirmación contrastante con el imperio de la ley: «En todo caso, yo soy el que designa al ministro del ramo», afirmó. Es decir, si la ley asigna la iniciativa del nombramiento al ministro de Comercio Exterior, el mandatario puede designar a un ministro cuya «iniciativa» armonice con sus intenciones. Ese no es el espíritu de la ley, pero sí una forma de burlarlo.
Por último, el buen criterio esperado del Ejecutivo no parece manifiesto en el nombramiento de un representante ante la OCDE para los últimos diez meses de la administración al costo de crispar a la Asamblea Legislativa, donde solo la fracción de Acción Ciudadana se pronuncia conforme. La confrontación política gratuita, en un momento tan delicado para el país, no demuestra el mejor criterio.
