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En los últimos meses, el debate sobre los criptoactivos volvió al centro de la discusión pública. En noviembre anterior, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) los calificó como “innecesarios”. Más recientemente, desde la Superintendencia General de Valores (Sugeval), se afirmó que no cumplen las características de los valores tradicionales y que implican riesgos relevantes. A ello se suma la discusión del Proyecto de Ley N.° 25.340, que busca incorporarlos al régimen antilavado, conforme a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Conviene empezar por una precisión básica: una cosa son las criptomonedas y otra distinta son los criptoactivos como categoría más amplia. Bajo este último concepto conviven infraestructuras tecnológicas como blockchain, la tokenización de activos, contratos inteligentes y sistemas de trazabilidad digital. Reducir ese ecosistema a un problema monetario o especulativo empobrece la discusión.
Las advertencias institucionales no son infundadas. La volatilidad, el fraude, el lavado de dinero y la ausencia de respaldo estatal son riesgos reales. Nadie propone ignorarlos. De hecho, el más reciente International Narcotics Control Strategy Report, del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluye a Costa Rica entre las jurisdicciones relevantes en materia de lavado y advierte sobre el crecimiento del uso ilícito de activos virtuales sin supervisión adecuada. El estándar internacional no es prohibirlos ni calificarlos de innecesarios, sino integrarlos bajo marcos de prevención, inteligencia financiera y supervisión coordinada. La discusión no es si deben existir, sino cómo regularlos con coherencia técnica.
Costa Rica cuenta con un sistema financiero sólido y un sistema de pagos eficiente. Eso es una fortaleza, no una razón para cerrar el debate. La innovación no surge únicamente para corregir fallas existentes, sino para anticipar transformaciones. Que Sinpe funcione bien no vuelve irrelevante la discusión sobre nuevas infraestructuras digitales que ya operan en múltiples jurisdicciones.
La incoherencia aparece en el frente regulatorio. Mientras se insiste en que los criptoactivos son innecesarios o indeseables, el país se ve obligado a legislar de forma reactiva para cumplir con la Recomendación 15 del GAFI y evitar riesgos reputacionales, incluida una eventual inclusión en la “lista gris”. El proyecto N.° 25.340 es necesario para cerrar brechas antilavado, pero su enfoque es defensivo: impone obligaciones y controles sin ofrecer una clasificación jurídica clara ni certeza sobre usos legítimos de los criptoactivos.
En julio de 2024, el Foro Global de la OCDE presentó el marco internacional de reporte para criptoactivos (CARF), diseñado para extender el intercambio automático de información tributaria a este sector. El mensaje es claro: los criptoactivos no desaparecerán; deben integrarse a estándares de transparencia fiscal equivalentes a los del sistema financiero tradicional.
El hecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones haya regulado la fiscalización de donaciones en criptomonedas durante la campaña electoral confirma algo esencial: los criptoactivos plantean riesgos concretos en espacios críticos para la democracia. Que esta regulación conviva con discursos que los califican de “innecesarios” revela una falta de coherencia en la respuesta institucional del país. Además, el informe de la OEA sobre la pasada campaña electoral advirtió de que la ausencia de regulación específica en materia de monedas virtuales expone al país a vulnerabilidades que otras jurisdicciones ya buscan mitigar con marcos normativos basados en riesgos.
Regular no es promover ni legitimar acríticamente. Regular es conocer, supervisar y dar reglas claras. Hoy, Costa Rica compite por talento, inversión y proyectos tecnológicos en un entorno regional donde otros países han optado por marcos basados en riesgos, diferenciados y habilitantes. Aquí, en cambio, el vacío legal y el discurso institucional reticente han generado un efecto silencioso pero costoso: proyectos que no se instalan, startups que no se formalizan y bancos que evitan cualquier interacción con criptoactivos.
Costa Rica no necesita elegir entre el entusiasmo ingenuo y el rechazo automático sobre los criptoactivos, pero sí necesita reglas. El citado proyecto de ley es indispensable para cumplir estándares internacionales y proteger la integridad del sistema financiero, pero no alcanza para construir una política pública coherente sobre la materia. Regular solo para vigilar, sin distinguir usos ni habilitar desarrollos legítimos, equivale a tolerar una tecnología mientras se la empuja fuera del país.
En un mundo donde otros ya avanzan con supervisión inteligente y certeza jurídica, la ambigüedad es una desventaja. Si el mensaje institucional es que los criptoactivos no están prohibidos, pero tampoco son bienvenidos, Costa Rica no estará protegiéndose; estará quedándose atrás.
