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Las contradicciones del diputado Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), son insalvables y dejan al descubierto la maniobra política protagonizada por él y su compañera de fracción Carolina Hidalgo, precandidata presidencial, para distanciarse de la ley de empleo público sin negar su importancia ni desdecirse de declaraciones anteriores.
La excusa es la cláusula de conciencia, cuya conformidad con la Constitución quedó firmemente establecida por la opinión consultiva de la Sala IV. Según la norma, «los servidores públicos podrán informar a la administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras».
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Sánchez e Hidalgo pretenden hacernos creer que votaron a favor en el primer debate convencidos de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad. Como no se produjo, le restan su apoyo a la ley por considerar la cláusula discriminatoria, argumento específicamente desechado por los magistrados.
Los dos legisladores imaginan tener la facultad de interpretar la carta magna. Sánchez confirma la fantasía cuando se le pregunta si hubiera apoyado el proyecto, con todo y cláusula de conciencia, si los magistrados no hubieran señalado alguna otra inconstitucionalidad. «Es muy posible, porque no existiría margen de maniobra para modificarlo», respondió. Según su criterio, el envío del proyecto a la comisión de consultas de constitucionalidad para corregir roces con la carta magna incluye la rectificación del roce declarado exclusivamente por él y su compañera de bancada.
El diputado pretende remediar un defecto inexistente para la Sala IV. Ese «margen de maniobra» no existe, solo la maniobra para desmarcarse de la aprobación de la ley, criticada por sectores de su partido con los cuales procura congraciarse. Ninguna norma del proyecto fue señalada como inconstitucional en sí misma. Las disconformidades se refieren, exclusivamente, a los efectos de algunos artículos sobre instituciones autónomas o independientes. Basta con agregar un párrafo donde se reconozca la inaplicabilidad de esos artículos a las entidades citadas, pero en relación con la cláusula de conciencia, nada le corresponde decir a la comisión de consultas de constitucionalidad.
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Esa sería materia de la comisión dictaminadora, donde la ley sería sepultada bajo un torrente de mociones y nunca vería la luz. Ese parece ser el inconfeso objetivo de Sánchez e Hidalgo. No hay otra forma de explicar su insistencia en la supuesta «oportunidad» de reformar el proyecto en un aspecto conforme con la carta magna y su advertencia de que no lo votarán si no se aprovecha esa «oportunidad».
¿Y si en efecto la «oportunidad» no existe? La mínima coherencia le exigiría a Sánchez votar a favor del proyecto como lo habría hecho si los magistrados no hubieran hallado ningún roce con la Constitución porque «entonces es muy posible que estaríamos votando simplemente en segundo debate asumiendo que eso que no queremos está en el proyecto». La única diferencia es que estaría votando nuevamente en primer debate «asumiendo que eso que no queremos está en el proyecto».
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Pero no, el diputado dice estar decidido a no apoyar la ley si mantiene la cláusula de conciencia, no importa lo dicho por los magistrados ni tampoco la imposibilidad de hacer la enmienda. No obstante, para no contradecirse con el discurso pronunciado hasta ahora, declara que la ley de empleo público «es un proyecto central para el futuro de nuestro país, es un proyecto fundamental para las finanzas públicas».
¿Cómo explica su negativa a apoyarlo si es tan importante y lo habría respaldado si no se hubiera presentado la inexistente «oportunidad» de la comisión de consultas de constitucionalidad? «Bueno, en todo caso, yo sería un voto, no sería el voto definitivo», pronosticó. Por esa puerta cualquiera evade sus responsabilidades, de no ser porque el país está atento.
