EscucharA ocho meses de las elecciones nacionales de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hizo un llamado firme al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que se mantenga al margen del proceso electoral. Esa orden busca garantizar una campaña limpia y sin injerencias del Poder Ejecutivo.
Respetar la neutralidad electoral es un deber. El artículo 95 de la Constitución establece que el sufragio debe ejercerse en libertad y sin parcialidad de las autoridades. Además, el artículo 146 del Código Electoral prohíbe a los altos funcionarios usar su influencia en beneficio de partidos políticos.
Pese a la claridad de estas normas, el presidente acumula tres investigaciones del TSE por presunta beligerancia política, una acción ilícita que puede sancionarse con destitución e inhabilitación para cargos públicos por al menos dos años.
Las denuncias surgen por manifestaciones en actos oficiales, conferencias y una cadena de radio y televisión nacional, en las cuales habría podido incurrir en sugerencias electorales. En la cadena del pasado 8 de diciembre, pidió elegir un bloque de 40 o 45 diputados “absoluta y diametralmente opuestos” a los del actual Congreso para, según él, tener “la oportunidad de cambiar el país”. Eso lo afirmó también el 4 de diciembre, y luego, el 6 de febrero, cuando inauguró el curso lectivo ante alumnos de un colegio técnico, a quienes les dijo que el próximo gobernante debería contar con al menos 40 de los 57 diputados.
Ese mismo mensaje está en boca del nuevo secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Francisco Gamboa, quien se desempeñó como ministro de Economía de Chaves hasta enero pasado. Durante la asamblea general de la agrupación, el domingo anterior, repitió que anhelan 40 diputados y agregó: “Nuestra meta es que el movimiento rodriguista siga gobernando Costa Rica”.
Esos discursos apuntan contra la práctica de muchos electores de quebrar el voto, como se denomina el apoyar a un candidato para presidente, pero sin darle respaldo a su papeleta para diputados.
A las polémicas intervenciones del presidente se suma la tragicomedia ocurrida en la citada asamblea general de Pueblo Soberano, cuando Carlos Vásquez Landergren, al ser elegido tesorero, incurrió en un aparente desliz verbal al decir que aceptó el cargo porque “don Rodrigo” se lo pidió.
“No, no puede decir eso”, fue la inmediata y pública reacción de la presidenta del partido, Mayuli Ortega, y de la vocal Virginia Corrales, para alegar que se refería a un supuesto amigo personal llamado Rodrigo Vargas, un nombre desconocido en el ámbito nacional y político, y hasta para el público presente en la actividad.
Vásquez fue director de Operaciones del polémico fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual captó recursos en 2021 para financiar la candidatura del hoy presidente sin que los fondos pasaran por las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ortega fue asistente de la dirección general de la campaña electoral de Chaves, y en setiembre de 2022 –cuatro meses después de iniciado el gobierno y siendo funcionaria de la Casa Presidencial–, fundó el PPSO.
A eso se agrega que, en marzo, partidarios del PPSO respaldaron una marcha convocada por el presidente para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, quien lidera investigaciones contra él. Ese día estuvieron Ortega, Francisco Gamboa, Laura Fernández (exministra de la Presidencia con aspiraciones electorales) y la diputada Pilar Cisneros, política de confianza del presidente. Luego, todos, excepto Chaves, aparecieron en una valla publicitaria con el mensaje: “Lo que se mira, no se pregunta”.
Lo que se mira es que ese partido se perfila como finalista para ser la posible nueva plataforma electoral de los seguidores de Chaves en el 2026, lo cual es un derecho democrático. Sin embargo, debido a la cantidad de fuertes vínculos entre afiliados de Pueblo Soberano y figuras del gobierno, tanto Chaves como su gabinete deben abstenerse de cualquier acción o palabra que pueda interpretarse como injerencia político-electoral.
El mandatario también debe respetar la autoridad del TSE y dejar de propalar agravios, como cuando acusó al Tribunal de orquestar un “golpe de Estado de leguleyada” en su contra por la apertura de investigaciones.
Si esos procesos le quitan el sueño, debe tener presente que no es nada personal. Se trata de una obligación impuesta por el artículo constitucional 102, que ordena al TSE garantizar el sufragio sin interferencias del Estado o de un presidente. Esto, porque es el pueblo, y solo el pueblo, el que decide por quiénes vota en las urnas.
