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El pasado 19 de julio, en un acto público para celebrar 47 años de la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle, Daniel Ortega –quien lo ha superado con creces– anunció explícitamente lo que ha venido practicando por años: el fin de las elecciones en Nicaragua. El martes 1.° de este mes, una reforma aprobada unánimemente por la sumisa Asamblea Nacional incorporó esa medida a la Constitución. Así, la dictadura se quitó una nueva máscara. Confiamos en que sea la última.
“Aquí no volverán (sic) a haber elecciones”, dijo tres veces durante su fastidioso discurso de julio, aplaudido con anémica disciplina por un auditorio cautivo. Su perversa “lógica” es que los partidos “traidores”, “terroristas” o marionetas de los “yanquis” –es decir, cualquier agrupación opositora– ni siquiera pueden competir por poder.
Impedirlo fue lo que hizo, precisamente, con la farsa electoral del 7 de noviembre de 2021, en la que solo participaron él y candidatos sometidos, luego de que los siete aspirantes verdaderamente demócratas terminaran en la cárcel. Las votaciones fueron escasas; a su término, proclamó la victoria con el 75% de los votos y resultó oficialmente reelegido.
A partir de esos falsos comicios, Ortega y su esposa –y ahora “copresidenta”–, Rosario Murillo, se enquistaron de forma definitiva en la dictadura que ya ejercían. Los precedió una terrible secuela represiva, que se aceleró a partir de las masivas protestas de 2018. Las ahogaron a sangre y fuego. Llenaron cárceles, eliminaron cualquier vestigio de periodismo libre, declararon ilegales los partidos opositores y todas las organizaciones independientes de la sociedad civil, despojaron de su nacionalidad a centenares de ciudadanos, tomaron control de las universidades y persiguieron a la Iglesia católica.
Siguió, en noviembre de 2024, la consolidación del carácter dinástico de la dictadura, cuando sus diputados reformaron más de 100 artículos de la Constitución. El cambio más significativo fue establecer que “la Presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta”, quienes “ejercerán sus funciones por un periodo de seis años” (hasta entonces eran cinco), y tendrán el derecho a la reelección indefinida.
Se impuso así, formalmente, lo que ya era un hecho, y en un editorial de entonces, calificamos como régimen de familia única en Nicaragua. A él también están incorporados, en puestos de alta responsabilidad y como posibles sucesores, los hijos de los “copresidentes”.
Lo que ha hecho la reforma constitucional del 1.° de setiembre es continuar esa trayectoria de concentración y enquistamiento en el poder de la dinastía Ortega-Murillo. El salto cualitativo es que, con su incorporación a la ley suprema del país, ya ni siquiera guarden ciertas formas de pretensión democrática.
A partir de ahora, no podrán participar en elecciones quienes hayan intervenido en actos considerados “golpistas o de traición a la patria”, ni quienes hayan solicitado una intervención militar en Nicaragua. Como quienes determinan esas responsabilidades son los propios dictadores, vía el obediente Consejo Supremo Electoral, queda eliminado formalmente cualquier intento de competencia electoral.
Pero hubo más enmiendas constitucionales, siempre para peor. La duración del periodo presidencial pasó de seis a siete años. Se podrá nombrar un número ilimitado de vicepresidentes, sin necesidad de voto popular. Y el país no reconocerá leyes extranjeras, ni normas o resoluciones de organismos internacionales que incidan en su “soberanía”.
Los mensajes son claros: no nos importan los derechos políticos del pueblo ni la legitimidad internacional, por muy precaria que haya sido; la obediencia debe ser total; quien diga ‘no’ es un traidor; la dictadura no admite fisuras o desvíos de ninguna índole. El poder está en la familia.
Todo lo anterior ha sido impuesto por el mismo régimen que, hace menos de dos meses, la presidenta Laura Fernández calificó como el que los nicaragüenses “han elegido tener”. Celebramos que, en vista de los últimos acontecimientos, al fin nuestro gobierno haya cambiado de actitud. El 19 de agosto, en la Organización de Estados Americanos (OEA) fue copatrocinador, junto a Estados Unidos y otros países, de una resolución, aprobada abrumadoramente, para convocar a una reunión de consulta de cancilleres que definirá medidas contra la dictadura de Ortega y Murillo. Aún no se ha definido la fecha.
El jueves, la Cancillería emitió un comunicado en el que llama al respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y “el derecho del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro, mediante procesos electorales que garanticen la pluralidad y las condiciones propias de una democracia auténtica”.
Es muy difícil saber hasta qué punto una renovada presión internacional logrará cambiar el trágico rumbo de Nicaragua. Quizá tenga poco éxito, a menos que sea realmente severa. Sin embargo, es necesario activarla. Quedarnos de brazos cruzados ante tantas atrocidades sería lo peor.
