Ángel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), club selecto de países al cual Costa Rica aspira a pertenecer, manifestó al presidente electo, Carlos Alvarado, que la reforma fiscal es “crucial” para optar por el ingreso a dicha organización. Desafortunadamente, no es una urgencia compartida por las nuevas bancadas del PLN y del PUSC, que pretenden dejar el proyecto de reforma fiscal para la próxima Asamblea. Incluso, el jefe de la futura fracción de Restauración Nacional dijo que el plan “hay que revisarlo” y el del Republicano y del PIN manifestaron que no lo votarán.
Esa reforma importa porque “la estabilidad económica de un país es atractiva para los inversionistas”, también porque “es necesario cambiar la trayectoria del crecimiento de la deuda”, que crea una bola de nieve de intereses que se comen recursos públicos que podrían dedicarse a otros menesteres sociales. Nosotros esperaríamos que los diputados electos reflexionen sobre esto y den marcha atrás a sus intenciones (“Reforma fiscal es ‘crucial’ para ingresar a la OCDE”, La Nación, 18/4/2018).
En un sentido similar, se manifestó el Banco Mundial (BM), en un informe titulado Ajuste fiscal en América Latina y el Caribe: ¿Costos en el (sic) corto plazo, beneficios en el (sic) largo? “Los persistentes déficits fiscales y los altos niveles de endeudamiento pueden poner en riesgo los logros de las últimas décadas, como la baja inflación, la reducción de la pobreza y la desigualdad y la generación de crecimiento inclusivo”, afirmó Carlos Végh, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (“País necesita superávit para volver a grado de inversión”, La Nación, 18/4/2018).
Aunque el estudio del Banco Mundial no es específico para Costa Rica, sí contiene información comparativa que vale tener presente. Entre otras cosas, ese ente proyecta que “Costa Rica tendrá en el 2018 el segundo déficit fiscal más alto de América Latina y el Caribe, que sería del 6,5 % del PIB”. Resultado que, por supuesto, no nos debe llenar de orgullo.
El estudio del BM contiene, entre otros, dos datos interesantes para efectos de política macroeconómica y que tienen gran relevancia para las acciones que habrán de tomar la próxima administración y el Poder Legislativo. Por un lado, con base en un análisis de las principales variables que condicionan la materia, concretamente, la tasa de crecimiento de la economía, la tasa de interés y el saldo de la deuda del Gobierno Central, procede a calcular la magnitud del ajuste fiscal que se requiere para mantener inalterado el nivel actual de la deuda y, también, el necesario para que, además, el país pueda obtener una calificación de “grado de inversión”.
El BM concluye que para mantener estable el endeudamiento se necesita un ajuste equivalente al 4,5 % del producto interno bruto (PIB) y para obtener grado de inversión dicho ajuste en las finanzas del Gobierno Central debería ser de un 5,2 % del PIB. Estos ajustes, o socadas de faja, convertirían el actual déficit primario en un superávit primario equivalente al 1,4 % y 2,1 % del PIB, respectivamente. Lo primero, unido a un crecimiento razonable de la economía y a un nivel igualmente razonable de la tasa de interés, harían que el endeudamiento público no crezca; lo segundo haría que baje.
Como se nota, se trata de grandes, sensibles ajustes, que no pueden lograrse solo con incremento de la carga impositiva (que, según lo que se ha informado, a lo sumo produciría ingresos por un 1,5 % y 1,7 % del PIB), sino que han de tener un componente importante en recorte y control de gastos de consumo. Pero también hay que destacar la enorme importancia que tiene el que los ajustes sean de “calidad”, para que, además, sirvan de estímulo para el crecimiento económico.
Como es bien sabido, si la economía del país alcanzara tasas de crecimiento superiores al 6 % anual, no solo ello coadyuvaría a reducir el endeudamiento público, que se mide por la relación deuda/PIB, sino que contribuiría a aumentar la recaudación fiscal sin necesidad de aprobar nuevos impuestos ni elevar las tasas impositivas.
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Por el contrario, reformas (o “paquetes”) que atenten contra el crecimiento económico podrían cerrar un tanto el déficit fiscal a corto plazo, pero empeorarán la situación a mediano y largo plazo.
La reforma fiscal que Costa Rica desesperadamente requiere constituye un enorme reto de naturaleza política, pero, más aún, de índole técnica. Ojalá dentro de unos dos años los expertos de la OCDE y el Banco Mundial confirmen que, en efecto, nos movimos en el sentido correcto en esta tan principal materia. Por ello, se espera que las nuevos diputados actúen con responsabilidad, pensando en los intereses del país y no en los propios. “Los diputados deben decidir los cómos, pero la reforma fiscal es una necesidad para todo el país”, afirma Carlos Alvarado. Ojalá sus palabras tengan eco en Cuesta de Moras.
