Por años, el establishment político e intelectual, respaldado por una multitud de diagnósticos y misiones de organismos internacionales, nos vendió la idea de que la reforma fiscal debía consistir en una combinación más o menos proporcional de nuevos ingresos y recortes de gastos. Sin embargo, para sorpresa de nadie, el proyecto de ley que se tramita en Cuesta de Moras acabó siendo un vulgar paquete de impuestos.
El panorama es claro. Tenemos una crisis fiscal porque a partir del 2009 el gasto público se disparó de manera irresponsable. El Estado gasta demasiado en salarios –48 % de los ingresos, más que en cualquier país de la OCDE–. Las remuneraciones de los empleados públicos son bastante superiores a las de sus pares en el sector privado y la brecha continúa ensanchándose –una de las principales causas por las que la desigualdad va en aumento–. Y el Estado es altamente despilfarrador: Costa Rica está en la posición 101 de 136 naciones en cuanto a la eficiencia del gasto público, según el Foro Económico Mundial.
Aun así, el gobierno y los diputados del PLN, PAC y PUSC optaron por que el énfasis casi exclusivo de la llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fuera el aumento de impuestos. En lugar de desmontar los odiosos e insostenibles privilegios del sector público, prefirieron que el ajuste corriera por cuenta de los contribuyentes.