A partir de este momento y por los «siguientes años», las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas de los centros educativos no podrán invertir en el mantenimiento de los planteles para acatar las exigencias de austeridad impuestas por la crisis fiscal. La única excepción es la respuesta a «órdenes sanitarias urgentes y avaladas por la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE)».
La sobriedad del gasto es indispensable, pero también la definición de prioridades. La infraestructura educativa no está en condiciones de sobrellevar los «siguientes años» sin mantenimiento. De 4.400 escuelas y colegios públicos, 874 funcionan con órdenes sanitarias pendientes. Entre ellas hay 72 con órdenes de cierre, es decir, con condiciones riesgosas para el personal y los alumnos.
El Ministerio reconoce, por boca del viceministro Steven González, que la causa de las órdenes sanitarias es la falta de mantenimiento a lo largo de los años. A la fecha, las autoridades estiman en ¢310.000 millones los recursos necesarios para atender las órdenes sanitarias existentes. La suma es 15 veces el presupuesto de la DIE. La nueva orden de austeridad, como es obvio, agravará la situación.
El MEP parece haber entendido la necesidad de controlar el gasto, pero ni la institución ni sus sindicatos muestran la misma comprensión de las prioridades. Con mucha discreción y en media pandemia negociaron una renovación de la convención colectiva que incluye la creación de 4.000 plazas para las cocineras de los comedores escolares, hasta ahora contratadas por las juntas de manera independiente.
Por segundo año consecutivo, los diputados se han visto en la necesidad de rechazar la ampliación de la planilla. Las grandes sumas requeridas para mantener la infraestructura y los recursos necesarios para cumplir el compromiso con los sindicatos no son comparables, pero el contraste entre las recomendaciones giradas a las juntas y el acuerdo laboral es aleccionador.
La circular pide a las juntas abstenerse de contratar personal de apoyo a su gestión directa, tales como secretarias, asistentes y administradores. Solo les autoriza a contratar los «amanuenses, cocineras, guardas o misceláneos indispensables para el funcionamiento del centro educativo». No obstante, la convención colectiva crea 4.000 plazas en dos años.
La circular instruye a las juntas evitar la adquisición de bienes o servicios no indispensables para el funcionamiento del centro educativo, sobre todo, si no disponen de la totalidad de los recursos. Es decir, se les pide no contar con ingresos futuros, pero la convención acordó crear las plazas sin contar con el financiamiento. Por eso el Ministerio no ha podido cumplir ni podrá hacerlo mientras los diputados objeten la inclusión del gasto en el presupuesto.
Las prioridades del MEP no son diferentes a las de otras instituciones a lo largo y ancho del Estado. Primero está el bienestar de la burocracia y, después, la función o el servicio. Es más fácil restringir el gasto en infraestructura que plantarse ante los sindicatos. Las juntas educativas son organismos aislados, sin articulación con sus semejantes. Las demandas sindicales están respaldadas por la organización.
Entre los centros educativos abiertos este año pese su estado calamitoso está la Escuela de Barbilla, en Matina de Limón. Sobre el plantel no pesa una, sino tres órdenes de cierre emitidas por el Ministerio de Salud desde el 2015. La recomendación es demolerla por tratarse de una edificación «ruinosa e insalubre» para sus 100 alumnos y el cuerpo administrativo y docente. Sin embargo, la voz del centro educativo apenas se escucha a la distancia.
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