El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció su deseo de revisar los tratados de libre comercio entre su país y los Estados Unidos, Costa Rica y Nicaragua. Aunque en principio todo convenio puede ser revisado y mejorado, algunos motivos alegados por el próximo mandatario no son los mejores.
Los tratados de libre comercio constituyen valiosos instrumentos para reducir las barreras artificiales al intercambio, fomentar la eficiencia productiva y beneficiar a los consumidores de los países signatarios al darles acceso a productos de mejor calidad, a precios más favorables. También incluyen cláusulas para mejorar la administración aduanera y reducir obstáculos técnicos al comercio, así como normas aplicables a las adquisiciones del Gobierno, telecomunicaciones, comercio electrónico, propiedad intelectual y ambiente, entre otras.
Panamá sobresale en el área de servicios por el gran número de bancos y otras entidades financieras establecidas en su territorio, no solo para satisfacer necesidades domésticas sino, principalmente, para exportar servicios a otros países. Sin embargo, de tiempo en tiempo, se ha cuestionado la aplicación eficaz de la política “conozca a su cliente”, y los papeles de Panamá demostraron el uso del territorio del país vecino para conducir operaciones indebidas. A Panamá se le ha acusado de no ofrecer suficiente colaboración a las autoridades internacionales en casos de evasión fiscal y hasta ha sido puesta en una lista negra.
Por eso, es alentadora la decisión anunciada por el presidente electo de conformar un grupo de expertos encargados de desarrollar una estrategia de “rescate” del buen nombre de su país mediante mejoras del control de la conducta de empresas en él domiciliadas. “De los 125 compromisos que tenemos, el número uno habla de rescatar el (buen) nombre de Panamá”, manifestó Cortizo (“Próximo presidente panameño revisará TLC con EE. UU.”, La Nación, 7/4/2019).
No obstante, la posibilidad de dar marcha atrás en materia de apertura comercial siembra preocupación. El presidente electo, quien es empresario y ganadero, anunció la revisión de los acuerdos comerciales con países centroamericanos, específicamente, con Nicaragua y Costa Rica, porque, según su criterio, perjudican a los productores panameños, disconformes con el desplazamiento de sus productos por las importaciones. Esta “justificación”, de naturaleza típicamente proteccionista, no calza con la lógica propia de los tratados de libre comercio (TLC) ni con las políticas de la Organización Mundial del Comercio, de la cual Panamá también es miembro.
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Los TLC son para fomentar la competencia internacional y para que los participantes aumenten su productividad como requisito para mantener cuotas de mercado. En la lucha, se impondrán quienes sean capaces de sacar mejor provecho a los factores de producción (el capital humano, entre ellos) y de ofrecer mejores productos a los consumidores.
Por supuesto, Costa Rica no debe aceptar una renegociación del tratado de libre comercio solo para que agricultores y otras empresas panameñas logren sobrevivir con independencia de calidad, oportunidad y precio de sus productos.
Ojalá, conforme las aguas electorales se asienten en Panamá, el nuevo equipo de gobierno, liderado por el presidente Laurentino Cortizo, comprenda que no puede haber tratados de libre comercio con cláusulas contrarias a su propia esencia. Las empresas costarricenses que, al amparo del TLC exportan a Panamá, cuya economía crece aceleradamente, agradecerán cuanto hagan las autoridades nacionales para preservar el terreno ganado en materia de comercio internacional.
