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El grueso de la reunión entre la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y sus aliados sindicales trató sobre la ley de empleo público. La insólita coincidencia de la alianza sobre la trascendental reforma apenas dejó espacio para conversar sobre aspectos de la agenda legislativa que, en otros tiempos, habrían parecido más afines a los intereses de los empresarios.
El «Pronunciamiento» suscrito la semana pasada por la Uccaep, los sindicatos y otras organizaciones, cuya presencia apenas se advierte en el segundo plano, caracterizaba la reforma laboral como «carente de la visión estratégica e integral imprescindible para impulsar el desarrollo económico y social como lo establece nuestra Constitución Política». Para subsanar deficiencias tan graves, pedía suspender la tramitación de los proyectos relativos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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El «Pronunciamiento» no encierra, ni por asomo, una «visión estratégica e integral». Ni siquiera plantea propuestas concretas. Era de esperar que la reunión con los legisladores del partido más numeroso en la Asamblea Legislativa sirviera para exhibir el pensamiento visionario, estratégico e integral de los extraños aliados, pero no hubo mayor novedad. La Uccaep y los sindicatos se limitaron a reiterar opiniones sobre aspectos muy debatidos del plan.
Se ha discutido hasta la saciedad si a los empleados públicos con salarios inferiores al global debe hacérseles un aumento inmediato para equipararlos a la remuneración acordada para su categoría. Luego de mucho debate y cuidadosos cálculos, los diputados decidieron que los funcionarios con salarios menores al global se mantengan en el sistema actual de aumentos y pluses hasta equipararse con la remuneración de su categoría. El aumento gradual evita el impacto de elevar súbitamente el salario de 28.000 personas al son de ¢32.200 millones anuales durante 12 años.
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Pero la Uccaep aboga por el alza y alega la inconstitucionalidad de crear desigualdades entre quienes desempeñan los mismos cargos. Pasa por alto que las desigualdades ya existen y son mayores, odiosas e incosteables. La ley de empleo público pretende eliminarlas y, para lograrlo sin daño para las maltrechas finanzas públicas, crea un período de transición. Es difícil pensar que los magistrados decidan mantener el inicuo statu quo, impidiendo la transición hacia la igualdad prevista por la nueva ley.
En todo caso, la norma irá a consulta de la Sala después del primer debate y ahí se despejarán todas las dudas. ¿Por qué insiste la Uccaep en renunciar a priori a tan importante medida de ahorro cuando antaño exigía recortar el gasto y señalaba las remuneraciones entre los «disparadores»?
Y hablando de desigualdades, la alianza de la Uccaep con los sindicatos se opone a la regulación de las convenciones colectivas, fuente de graves disparidades a lo largo y ancho del aparato estatal. El punto nada tiene de novedoso. Se ha venido discutiendo desde el inicio y hay sólidas razones legales para descartar un roce con la Constitución. La Procuraduría General de la República las expuso en fecha reciente. ¿Por qué insiste la Uccaep en estorbar un cambio tan anhelado por quienes claman por una política fiscal responsable, como lo hacía hasta hace poco la organización empresarial?
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El tercer tema enfatizado en la cita del lunes con el PLN también se ha discutido hasta la saciedad. La rectoría del empleo público no puede salir del Poder Ejecutivo, entendido como el presidente y el ministro del ramo. Así, lo ordena la Constitución y así parece comprenderlo la alianza, aunque los sindicatos en su momento objetaron la permanencia de esa facultad en el Ministerio de Planificación. En todo caso, sobre el particular, también se pronunciará la Sala Constitucional.
Dar a la discusión de la ley de empleo público el tardío y radical vuelco pretendido por la alianza pone en grave peligro el acuerdo con el FMI. El aporte de la nueva ley al ahorro proyectado disminuiría significativamente y los firmantes del «Pronunciamiento» no han señalado medidas sustitutivas. Si lo hicieran, la nueva discusión consumiría tiempo, sobre todo si comienza dentro de un mes, como sugirieron los aliados, y no hay garantía de su éxito.
La coincidencia de la Uccaep con los sindicatos en materia de empleo público y su anuencia a dejar que el asunto dominara la cita con los legisladores del PLN solo se explica por el apoyo recibido para las objeciones menos discutidas en el encuentro y más próximas a la agenda de la organización empresarial: el aumento de la carga impositiva. El proyecto de renta global adolece de defectos. Muchos los hemos señalado en las páginas de La Nación y varios se han venido corrigiendo sin necesidad de frenar el proceso durante un mes y sin hacer concesiones inconvenientes a la parte del sector público beneficiada con el statu quo.
