Desde estas mismas páginas abogué durante muchos meses para que el gobierno cerrara una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), elemento fundamental en la obtención de una valiosa credencial para nuestro país en los mercados internacionales, muy necesaria para colocar los instrumentos de nuestra deuda con la menor tasa de interés posible.
Hoy debo reconocer que se alcanzó una negociación bastante más manejable de la que imaginaba nos sería exigida y reconozco el mérito al equipo negociador que estuvo al frente del acuerdo.
El paso siguiente es convertir ese convenio y los proyectos que lo complementan en la agenda nacional de los próximos meses.
La tarea por delante no es sencilla y va a requerir una buena explicación al país y a diferentes sectores de nuestra sociedad, sobre todo acerca de los alcances y consecuencias de la aprobación de cada iniciativa o no.
Este proceso correrá en paralelo con las precampañas de los partidos, en las cuales elegirán a sus candidatos, y con la campaña presidencial, que culminará en febrero del 2022, lo que arriesga con convertir el debate en uno de carácter electoral y no técnico.
Por ello, es fundamental que el Poder Ejecutivo establezca cronogramas que permitan resolver estos asuntos más temprano que tarde, y corresponderá al Poder Legislativo, actuando con seriedad y sin sacrificar el concienzudo análisis necesario, acelerar las votaciones.
Principal disparador del gasto. Encabezando la agenda está el proyecto de ley de empleo público, cuya aprobación es necesaria a la luz de lo que representa el pago de salarios en el gasto del Estado.
Esta iniciativa tiene como norte dar sostenibilidad al pago de la planilla estatal, que de otra manera se corre el riesgo de que a mediano plazo no existan recursos para pagarla.
La ley lleva muchos años en discusiones y ya se encuentra cerca de ser aprobada, lo que daría una gran tranquilidad a la comunidad financiera internacional, que con ello constatará el compromiso real del país en honrar los acuerdos contraídos.
Renta global. Continúa en la agenda la discusión del proyecto de renta global que requiere armonizarse con los acuerdos de la mesa de diálogo sobre repatriación de capitales, sucesión de deudas tributarias, entre otros, pero que también es una iniciativa con muchos años de discusión a la que le llegó su hora.
Para mediados de marzo se espera la ratificación final del convenio por las autoridades del FMI lo que hará que ingrese junto con varios préstamos a la corriente legislativa para la aprobación por mayoría calificada.
Planteada así la ruta del debate, es primordial mantener buenas señales de que cumpliremos los tiempos y el grueso de los contenidos incluidos en la negociación, una muestra en la dirección contraria generará efectos contraproducentes o incluso podría agravar las condiciones requerida por el FMI para la aprobación.
Me parece contraproducente la solicitud de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) para que se suspenda la discusión de estas iniciativas por las siguientes razones: algunas ni siquiera están en discusión (convenio con el FMI), para otras apenas se inicia el trámite legislativo (renta global) y les resta suficiente tiempo, que se usará para mejorarlas; y el proyecto de empleo público está tan estudiado que plantear enmiendas puede ser cosa de pocas horas para que estén elaboradas y no requiere un impasse de cuatro semanas.
Con mucha insistencia se habla sobre el riesgo de incurrir en violaciones constitucionales con algunos de estos proyectos, pero, al respecto, todos podemos estar tranquilos, pues estas iniciativas serán objeto de consulta a la Sala y ahí se despejarán las dudas y habrá tiempo suficiente para enmendarlas en caso de que fuera necesario.
A estas alturas dar señales dubitativas sobre el respaldo a esta agenda nos pondrá como país en una situación difícil, en mi caso, que por tanto tiempo abogué por esta ruta, ahora debo, sin duda, sumarle mi apoyo.
El autor es excandidato a la presidencia y empresario.