EscucharHace un par de semanas adoptamos el modelo freemium para promover las suscripciones digitales. El contenido de La Nación electrónica es gratuito, con un límite de artículos al mes, salvo los materiales exclusivos. Estos últimos solo pueden ser vistos por los suscriptores.
El nombre del modelo, aplicado en todo el mundo, es un término construido a partir de la palabra inglesa free y premium, adjetivo procedente del latín que nos llegó también del inglés, para describir una oferta que combina el libre acceso a las notas genéricas, también publicadas por otros medios, y el contenido propio de La Nación, reservado para los suscriptores, sean de la edición en papel, cuyo costo incluye la digital, o se trate de afiliados exclusivos a nuestras páginas electrónicas.
Durante años, la industria de periódicos creyó en la posibilidad de trasladar el modelo de negocios tradicional a los medios digitales. Por eso se empeñó en mantener abiertas las páginas digitales, confiada en que los anunciantes vendrían detrás de los lectores y pagarían la cuenta, como lo hacían en el papel. Pero el negocio no se trasladó a la Internet, donde el inventario de espacio publicitario es infinito y, por ende, baratísimo.
Es un mundo con ventaja para los monstruos de la comunicación digital, capaces de mover grandes volúmenes, como Google y Facebook, que en conjunto acaparan el 61 % del mercado global. También hay espacio para la banda de chicos dedicada a producir, desde Macedonia, noticias falsas —cuanto más escandalosas mejor— para ganar unos cientos de dólares generados por los clics de los ingenuos o de los aficionados a las teorías de la conspiración.
Entre esos dos extremos están las publicaciones digitales, sean exclusivamente electrónicas o, como La Nación, también impresas. Son medios convencidos de la necesidad de invertir en los procesos de recolección y edición de noticias y opiniones, pero saben que en el futuro no podrán hacerlo si siguen estancados en el viejo modelo de la publicidad, cada vez más fragmentada.
Por eso pedimos a nuestros lectores comprar el acceso a la edición digital, como se compra el papel. Si el precio de este último reflejaba un fuerte subsidio de la publicidad (producir La Nación nunca ha costado lo que los lectores pagan, porque los anunciantes compensan la diferencia y más), el precio de la edición digital refleja la disminución de costos. No hay papel ni tinta y los gastos de distribución son marginales. Por eso estamos en capacidad de cobrar sumas módicas por el acceso digital. Esas sumas, junto con nuestra participación en el mercado publicitario electrónico y los ingresos de la edición tradicional, nos permitirán seguir financiado la operación periodística a lo largo del periodo de transición tecnológica.
Los materiales exclusivos, incluida la sección de “Opinión”, son tan leídos como en cualquier otro momento. A los lectores de la edición en papel se suman los suscriptores digitales y el alcance promedio por edición nos ubica, según los estudios independientes, en un lugar de privilegio.
Un puñado de comentaristas, conscientes del peso de La Nación en la sociedad costarricense, muestra preocupación porque nuestros contenidos exclusivos, en especial los de opinión, tan solo estén al alcance de los suscriptores. Así fue siempre. Cuando los medios digitales estaban por nacer, solo quienes compraban el papel podían verlos. Cuando se iniciaron las ediciones digitales, La Nación, pionera continental en la materia, creyó, como toda la industria, en los futuros ingresos publicitarios y se dedicó a acumular visitantes únicos con la idea de ofrecérselos a los anunciantes, pero ya explicamos las limitaciones de ese modelo.
Es cierto, modestia aparte, que La Nación publica noticias y opiniones exclusivas, en cuya ausencia es difícil estar bien informado en Costa Rica, pero no podremos seguir haciéndolo si no hay ingresos para financiarlo. Los artículos de opinión exigen una curaduría indispensable para asegurar la calidad y mantener las páginas de La Nación — digitales y tradicionales— como uno de los grandes foros de la discusión pública nacional. Las noticias exclusivas exigen un esfuerzo de recolección de información e investigación, todo a cargo de profesionales dependientes de su salario.
Como lo hacen las publicaciones más prestigiosas del mundo —conocedoras del costo de mantener operaciones periodísticas de calidad y seguras de la vital función de la prensa en la sociedad democrática— La Nación acude a sus lectores para invitarlos a acompañarla en el esfuerzo de adaptación impuesto por los cambios tecnológicos. Renunciar a esa tarea, en cuya ejecución abrimos brecha para otros medios nacionales, es correr el riesgo de sacrificar opciones informativas locales en beneficio de los monstruos de la Internet o de pequeños operadores, incapaces de alcanzar la cobertura informativa de medios más desarrollados.
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Así ha ocurrido en muchas regiones del planeta. En los Estados Unidos, las ciudades con periódicos locales han disminuido rápidamente, con graves consecuencias para la vida cívica. A los gigantes de la Internet no les interesan los acontecimientos municipales y los funcionarios encuentran oportunidades para tomar decisiones a salvo de la mirada de la prensa. Para las organizaciones informativas de nuestro tiempo, la adaptación a las nuevas tecnologías es una obligación más frente a la sociedad democrática.
