31 mayo, 2019

La reactivación económica se plantea como un reto formidable y todavía estamos por percibir el impacto del impuesto sobre el valor agregado en el estancamiento, de por sí preocupante. El país está pagando el precio de décadas de exceso e imprevisión. Hasta el momento, ha evitado la inflación, la caída libre de la moneda y otros flagelos, pero no puede decir lo mismo de una cruel manifestación de la crisis: el desempleo.

Oficialmente, la tasa de desempleo asciende al 11,3 % (276.000 personas), pero hay otros 60.000 trabajadores fracasados en el intento de ocuparse y sin ánimo de seguir buscando empleo. Si se les suma a los desempleados oficiales, la cifra total alcanza el 13,4 %, un motivo de alarma en toda economía.

Se trata de asegurar que teoría y práctica se ofrecerán de forma simultánea en los centros educativos y en los de trabajo para lograr sincronía entre la adquisición de conocimientos técnicos y su aplicación práctica. Para resolver el desacuerdo basta, apenas, un paso.

Ningún ajuste, por sí solo, basta para hacer frente al estancamiento y el desempleo. Ninguno es, tampoco, demasiado modesto para coadyuvar. La Asamblea Legislativa ya ha invertido demasiado tiempo en la discusión de uno de ellos, la educación dual. El gobierno y la mayor parte de las fracciones de oposición coinciden en las bondades del sistema de colaboración entre las empresas y los centros de formación técnica estatales y privados para fortalecer las destrezas de estudiantes, por lo general, jóvenes, necesitados de oportunidades.

Las diferencias son más bien esperanzadoras en cuanto a las intenciones que tras de ellas se asoman. El ministro de Educación, Edgar Mora, insiste en un programa inclusivo, a gran escala. Para lograrlo, quiere remover el obstáculo del aporte mensual de ¢60.000 por alumno exigido a la mediana empresa.

El Partido Liberación Nacional, cuyo vocero en la materia es el diputado Wágner Jiménez, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, pone énfasis en el financiamiento de las becas. Por esa razón, se alinea con la posición inicial de las organizaciones de la empresa privada, dispuestas a asumir el pago aunque, posteriormente, un sector significativo expresó la opinión contraria. La diferencia de pareceres entre empresarios no está totalmente resuelta, pero también ellos manifiestan interés en el programa y piden su aprobación.

En los dos casos, el del Ministerio y el de la oposición, la preocupación de fondo es el alcance y permanencia del programa. A partir de ahí, no debería ser difícil lograr un acuerdo porque lo esencial está resuelto. Una posibilidad es desarrollar con mayor detalle una idea ya contenida en el proyecto de ley en curso. El Instituto Nacional de Aprendizaje tiene un superávit considerable y sus fines son absolutamente compatibles con los del proyecto de educación dual. Con esos fondos, se podría satisfacer la aspiración del ministro de minimizar o eliminar las cargas para la mediana empresa y mantener la exoneración contemplada en la actualidad para las pequeñas y las organizaciones sin fines de lucro. La contribución propuesta para las grandes empresas (¢120.000 mensuales) podría quedar intacta. La fórmula también aquietaría las atendibles preocupaciones de los diputados de oposición.

Por fortuna, las reformas al reglamento legislativo flexibilizan el trámite de manera que un acuerdo político de esta naturaleza pueda plasmarse en el proyecto definitivo mediante oportunas enmiendas que perfectamente podrían ser incorporadas a un acuerdo político para sacar la iniciativa adelante.

Otras reformas, como la adopción explícita del principio de alternancia propuesto por el diputado Jiménez, no deberían ser obstáculo porque, a fin de cuentas, recogen, o aclaran, los propósitos del sistema. Se trata de asegurar que teoría y práctica se ofrecerán de forma simultánea en los centros educativos y en los de trabajo para lograr sincronía entre la adquisición de conocimientos técnicos y su aplicación práctica. Para resolver el desacuerdo basta, apenas, un paso.