Condena política en Guatemala

El proceso impulsado contra Zamora tuvo, desde sus inicios, todos los visos de un montaje, y estos se hicieron cada más evidentes conforme avanzaba, hasta llegar a la condena. Lejos de imputarle supuestos delitos vinculados al ejercicio del periodismo, que jamás habrían logrado sostenerse, Zamora fue denunciado por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Son figuras delictivas que, por su solo alegato, estaban destinadas a desprestigiarlo y a equipararlo con otros tipos de delincuentes que, paradójicamente, tienden a gozar de impunidad dentro del carcomido sistema judicial guatemalteco.

En un país donde la justicia camina con extrema lentitud, el caso se ventiló con inusual celeridad. Se hizo público el 22 de julio del 2022, cuando Zamora fue arrestado bajo cargos aún sin revelar. Lejos de liberarlo tras ser impuesto de los delitos que se le atribuían, las autoridades lo mantuvieron en prisión preventiva. A partir de entonces, todo se desarrolló en medio de grandes irregularidades y arbitrariedades.

Al periodista y sus abogados se les bloqueó el acceso a documentos clave para su defensa y se les impidió aportar pruebas fundamentales para demostrar su inocencia. Además, las autoridades persiguieron a familiares, reporteros de elPeriódico y abogados defensores, al punto que cuatro de ellos fueron detenidos y acusados de obstrucción del juicio. Tras su renuncia, a Zamora se le imposibilitó reconstruir su equipo legal y debió acudir a defensores públicos.

En estas circunstancias, el juicio comenzó el 2 de mayo y concluyó el 14 de junio. En el ínterin, el 15 de mayo, elPeriódico cesó su publicación y Guatemala perdió una clara voz periodística. La Fiscalía solicitó la absurda pena de 40 años de cárcel por los tres delitos atribuidos a Zamora. Finalmente, los de chantaje y tráfico de influencias fueron desestimados por el tribunal, y la condena se basó exclusivamente en el de lavado de dinero.

Está claro que todo se ha tratado de un montaje. Su objetivo directo fue ejercer una vendetta contra un periodista y un medio caracterizados por denunciar la corrupción, en cuenta del presidente Alejandro Giammattei y varios asociados. Sin embargo, el propósito va mucho más allá: amedrentar a todos los que, desde diversos medios, ejercen la libertad de expresión con valentía y responsabilidad.

Desde que en setiembre del 2019 el entonces mandatario Jimmy Morales logró deshacerse de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por acuerdo entre el Estado guatemalteco y las Naciones Unidas, el deterioro de la justicia ha sido continuo. Este grupo logró capacitar a múltiples cargos de la Fiscalía y documentar una serie de investigaciones que condujeron a condenas judiciales de amplio impacto. Pero precisamente por sus éxitos, enfrentó crecientes presiones de múltiples instancias de poder, tanto formal como informal, hasta su desaparición.

Si bien todavía existen funcionarios judiciales independientes en el país, cada vez son menos y más perseguidos. De hecho, varios fiscales han debido exiliarse por amenazas de muerte o cargos espurios. Y, como es usual, los ataques contra la justicia y la prensa independientes han marchado de la mano.

Es en estas circunstancias que el próximo domingo se celebrarán elecciones en Guatemala. El elenco de candidatos fue severamente diezmado por decisión de autoridades electorales y judiciales, muchas de ellas sin adecuado fundamento. Entre los que quedaron, ninguno parece tener suficiente apoyo para ganar en la primera ronda. Pero, al margen de quién llegue a la presidencia, difícilmente se detendrá el deterioro institucional del país. La mediatización democrática ha avanzado tanto que frenar el proceso será en extremo difícil. Es tiempo para lamentar, pero también para no cejar en los esfuerzos a favor de la democracia en Guatemala.