4 octubre, 2017

La comisión legislativa encargada de investigar los créditos concedidos por el Banco de Costa Rica (BCR) no existiría si la Junta Directiva y, en especial, su presidenta, Mónica Segnini, se hubieran salido con la suya. Si por ellos fuera, la prensa tampoco se habría enterado y la ciudadanía permanecería en la ignorancia.

Los directivos no dejaron margen para dudas. Segnini se refirió concretamente a los asuntos cuya incorporación al debate público lamenta. El caso Latco y la falta de información sobre el origen de $67 millones traídos de Malta y los Emiratos Árabes Unidos nunca debió ser de conocimiento público, dijo la presidenta del Banco. Las falencias de Bancrédito también debieron tratarse con discreción y, desde luego, el país nunca debió ser informado de los préstamos para la importación de cemento chino y la compra de una planta hidroeléctrica por Coopelesca.

Segnini lamentó el conocimiento público de esos hechos durante la sesión del 19 de julio del 2017, hace apenas un par de meses, cuando ya el país conocía su gravedad y ramificaciones políticas e institucionales. En esa fecha, los directivos del BCR sabían, también, que la Fiscalía había pedido la desestimación de algunos de esos casos, con lo cual cerró las investigaciones.

El jefe del Ministerio Público admitió, recientemente, la reapertura de los expedientes a la luz de las declaraciones recibidas por la comisión legislativa. Eso habla mal de la Fiscalía, cuyos recursos para acceder a las mismas verdades son muy superiores, pero conduce a conclusiones todavía peores sobre la voluntad de transparencia de los directivos del Banco de Costa Rica.

Sin la información trascendida a la opinión pública, la comisión no se habría creado y los expedientes permanecerían cerrados, porque las revelaciones logradas por los diputados tampoco existirían. Al lamentar la información trascendida a la opinión pública, los directivos en verdad lamentaban las investigaciones de la comisión y la reapertura de los expedientes en la Fiscalía. Calladito todo sería más bonito.

Por eso, la Junta Directiva tomó cartas en el asunto. Los directivos votaron para ordenar la destrucción de las grabaciones de sus sesiones quince días después de la firmeza del acta respectiva. Además, dispusieron una redacción escueta de las actas. La ley lo permite, pero si la destrucción del registro histórico es legal, falta saber si es conveniente. La tecnología moderna permite guardar muchas grabaciones en poco espacio y a bajo costo. Un disco de cuatro terabytes cuesta $110 en Amazon.

¿Cuál podría ser la justificación para esa decisión, tomada justo en este momento crítico, cuando la inexistencia de una grabación ya dificulta dilucidar declaraciones contradictorias de dos directores ante la comisión legislativa? Ciertamente, la explicación no puede ser la transparencia y todo apunta a una medida destinada a impedir la repetición de situaciones como la del presente.

Las recomendaciones de la comisión legislativa deben apuntar exactamente en la dirección contraria. Es preciso preservar los registros históricos, hacerlos más precisos y, en general, aumentar la transparencia. Por eso preocupan las razones esgrimidas por la legisladora liberacionista Sandra Piszk en defensa de los directores del Banco de Costa Rica. Según la legisladora, las investigaciones en curso se iniciaron gracias a ellos, no a su pesar, como lo confesaron claramente en el acta citada para luego pasar a los hechos y ordenar la destrucción de las grabaciones, además de la escueta redacción de las actas.