Dos instituciones públicas, el ICT y el Inamu, esta última rectora en materia de género, y la Comisión Nacional de Seguridad Turística (Consetur) elaboraron la Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas, que es un monumento a la violación de los derechos y dignidad de las mujeres.
En su capítulo “Medidas de seguridad con perspectivas de género”, promueven absurdos, tales como cuidar la vestimenta, evitar caminar a solas en horarios nocturnos, preferir los horarios diurnos y tener cuidado acerca de cómo se pueden interpretar mensajes con una “actitud muy amistosa o de confianza”.
Al publicitarse la guía, en el Movimiento Balance (movimiento nacional por la igualdad de género), que me honro en presidir, redactamos un comunicado de prensa en el que señalamos que esas medidas eran machistas, retrógradas y debían borrarse, “porque la responsabilidad de la violación es únicamente de quien viola”. Igualmente, explicamos cómo una violación y todo tipo de agresiones sexuales no se pueden justificar bajo ningún estereotipo.
Es inaceptable que instituciones del Estado trasladen a las mujeres la responsabilidad de su protección, que renieguen de su responsabilidad de garantizarnos espacios seguros, nos limiten el derecho a ejercer plenamente nuestra libertad y refuercen el estereotipo de que son las víctimas las responsables al provocar o no cuidarse, con lo que justifican al agresor “provocado”. ¡Indignante e injustificable!
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Me sorprende que la Consetur, integrada, entre otros, por órganos policiales y judiciales como el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, no planteara lo deseable: “Un plan de prevención en alianza con la Fuerza Pública y los gobiernos locales, campañas de comunicación para producir cambios culturales en zonas turísticas, endurecimiento de penas y generación de conciencia a la población sobre el daño a la comunidad y que la impunidad no siga campante”, como tajantemente dijo Noelia de León, integrante de Balance.
Instituciones que no hacen su trabajo, defienden sus errores, se escudan en la revisión de otras instituciones, al final promueven estereotipos y más violencia de género, y dilapidan exiguos recursos, ¡una total vergüenza!
La autora es politóloga.