Coincidíamos con don Julio Rodríguez (q.d.D.g), eximio coordinador de “Página Quince” durante décadas, en que el principal problema del tico era la falta de claridad conceptual. Mi esfuerzo clarificador se centró en profundizar los preceptos fundacionales que en 1949 consagraron el cómo transitar de una sociedad rural hacia un país de primer mundo.
El 30 de mayo, este periódico esbozó un valioso axioma para el periodismo: “Sin preguntas no hay respuestas, sin prensa no hay acceso a la verdad, y sin verdad no hay democracia”.
En mis andanzas investigativas del fenómeno sociopolítico nacional, descubrí un hecho “duro” que compartí con miles de estudiantes de varias disciplinas (por cierto, ¿qué se habrán hecho?) y que hoy podría ayudar a que ese axioma adquiera la mayor fortaleza hermenéutica y fáctica: hacer preguntas solo sobre problemas micro surgidos de problemas mayores nunca reconocidos previamente (contexto), solo generará “medias verdades” que, lejos de ayudar a la democracia, la deterioran al dar validez empírica con tufo a “hechos alternativos”, a la vaguedad hermenéutica que nos distingue a los ticos.
Estamos ante un mal endémico del tico: cómo, por no reconocer las causas mayores de tantos males menores, nos hemos venido corroyendo a pedacitos hasta convertirnos en un colectivo anómico. O sea, una fábula. Veamos si no…
El contexto. Es inevitable, científicamente hablando, caer en simplismos interpretativos cuando un análisis micro de situaciones institucionales no reconoce al menos dos hechos relevantes de contexto: uno, que la Constitución entronizó la categoría de entes con autonomía de gobierno y administración para que fueran motor del desarrollo sin sufrir las “injerencias arbitrarias” por parte del Poder Ejecutivo que desembocaron en una guerra civil; dos, que en vista de la nula “coordinación” en los siguientes 20 años de tales entes entre sí y con el Gobierno Central, tal autonomía de gobierno se les eliminó en 1968 para dejarla “sujeta a la ley”.
Ese cambio exige entender que, en nuestro modelo constitucional, el Gobierno Central o Poder Ejecutivo sí tiene que “poder influir” sobre tales entes, pues todos están llamados a contribuir instrumentalmente con los esfuerzos movilizadores superiores encomendados en exclusiva a ese Poder Ejecutivo para desarrollar al país. Si les cuesta creer, solo lean el artículo 140.3 y 8. Y por qué no, el 50.
Sépase en adición que tanto las leyes de planificación 5525 de 1974 como la 6227 de 1978 vinieron a demarcar la cancha de qué debía ser considerado “gobierno” y qué, “administración”. Esta última, en particular, incorporó la noción de dirección y coordinación de juntas directivas de autónomas por el pertinente Poder Ejecutivo, sujetas todas a destitución por incumplimiento injustificado de “directrices”. Hablo de un novedosísimo régimen que ya en 1978 hacía innecesarias las presidencias ejecutivas de 1974. Pero: ¿ha sido esto noticia alguna vez? Nunca.
El hecho es que casi ningún gobernante con sus ministros “rectores sectoriales” –¡muchos nunca llegan a entender cómo se com’esto!–, ha querido aplicar este código riguroso y transparente. Ergo, nunca la prensa ni legislador alguno han querido preguntar a esos ministros cómo su misión mayor como “rectores”, o su negligencia como tales, es lo que llevó a tales intervenciones arbitrarias, tal y como sí es obvio con el flagrante mal accionar de los muchos entes bajo su mando político en cada sector, bancos incluidos.
Lo común ha sido ver a los gobernantes usufructuar el malhabido régimen de presidencias ejecutivas creado el mismo mes en que se dio la Ley 5525, ley esta llamada a ser un principal antídoto contra el desorden y la corrupción que se anticipaba con ese régimen espurio. Sin embargo, los gobernantes, desde Oduber Quirós (1974-1978), han preferido la vía más facilona de querer torcer a tales entes a la brava, no dirigirlos por sectores como esas dos leyes y la Constitución ordenan. Pero esto tampoco nunca ha sido noticia.
Siempre hemos denunciado también cómo los significativos y perdurables esfuerzos transformadores liderados por Mideplán desde 1976 para fortalecer por regiones y sectores el accionar articulado de entes y ministerios, se han ido diluyendo producto de ministros de Planificación que suelen llegar sin conocer siquiera la Ley 5525, y de los mismos presidentes que han menospreciado esa ley, así como la 6227, en gran parte porque nunca han sido instruidos por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre cómo entender y ejercitar la partitura constitucional dispuesta para una conducción exitosa del gobierno. Pero sobre esto tampoco nunca ha habido preguntas esclarecedoras.
Ejemplos dramáticos de lo micro. Veamos “respuestas” que pueden sonar “obvias” en lo micro, pero que más bien desvirtúan las reglas de juego superiores y “virtuosas” de la democracia que debíamos ser.
Uno. Las intervenciones atropelladas de juntas directivas de entes se han dado desde la administración Monge Álvarez (1982-1986). Describir descontextualizadamente las del BNCR, ICE o CCSS solo lleva a sugerir –tal y como un entrevistado opinó en “El Explicador” el 31 de mayo–, el indeseable “exceso de injerencia” del Gobierno sobre entes que “por manejar muchos recursos, llaman su atención”. Obvio, pero…
Dos. Endosar a Japdeva la responsabilidad del desarrollo de Limón por no ejecutar los ¢50.000 millones de APM, es desconocer la responsabilidad mayor del presidente de la República y sus ministros de Planificación (por la parte de desarrollo nacional y regional) y de Obras Públicas (como “rector” de Japdeva), por su ostensible incapacidad de dirigir planificadamente, tal y como Constitución y leyes ordenan, los crecientes recursos de ministerios y autónomas que por décadas se han proyectado desarticuladamente en Limón. Igual ocurre con toda otra provincia o región del país. Pero sobre esto, tampoco nunca se ha dado pregunta alguna.
Tres. Describir problemas presupuestarios y de soluciones en vivienda social sin desenmascarar la responsabilidad de presidente y ministra (Poder Ejecutivo) en cuanto a instituciones que, debiendo trabajar como un conjunto (o sector), se ignoran o boicotean entre ellas, y nunca cuestionar por qué dicha ministra es ilegítima y disfuncionalmente a la vez presidenta del INVU (subordinada de la Junta), impide ventilar la gravedad del desorden legal, orgánico y funcional del sector.
Cuatro. Denunciar el desorden en “pobreza” y la falta de éxito en esa “lucha”, sin nunca entender que el liderazgo político del esfuerzo corresponde al ministro de Trabajo y Seguridad Social y no a una presidenta del IMAS con rango de ministra sin cartera, es un insulto al derecho del ciudadano por una información veraz que permita establecer responsabilidades políticas sobre quiénes tienen que enderezar la barca en vez de seguir viendo cómo se hunde sin que nadie sepa por dónde “hace aguas”.
Cinco. Igual en hacienda y crédito público, agricultura, salud, educación, turismo, ambiente: ¿cuándo se ha preguntado a cada ministro cuáles directrices gubernativas tomadas o no tomadas, es lo que ha llevado a “sus” instituciones dirigidas –bancos incluidos– a actuar como pizotes solos sin resolver ninguna lucha socioeconómica? No entender este contexto es condenar a nuestra democracia a seguir involucionando. ¿O no?
Conclusión. Hoy es más urgente que nunca empezar a indagar e informar en serio sobre estos factores macro, y erigirlos como muro de contención ante los múltiples “abejones de mayo” que surgen como candidatos a todo. Es de interés nacional impedirles que puedan siquiera albergar la irresponsable esperanza de que, no importa los desafueros programáticos que propongan hoy, siempre podrán llevarlos consigo mañana al gobierno o a la Asamblea como “plataformas santificadas por el pueblo”, confiados en que nunca se verán obligados a responder por lo que serán irremediables desatinos, “ante Dios y la Patria”.
Esto es lo que está en juego cuando se habla de verdad y democracia. Por esto sostengo que si el TSE no ha querido asumir esa indispensable formación cívica-electoral, la prensa proba debe, y tiene, que intentar hacerlo preguntando e informando como debe.
Un último “cartucho”: así como digo que ninguno de estos temas ha sido de interés mediático-electoral en el país, y ciertamente ni una sola pregunta sobre ellos fue formulada en las elecciones del 2022, pregunto: ¿alguien serio se atreve a afirmar que hoy nuestra democracia, gracias al “gobierno” escogido, es mejor que antes? Descanso.
jmeonos@ice.co.cr
Johnny Meoño, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Ciencias Gubernativas por la Universidad de Londres; autor de nueve libros y múltiples investigaciones sobre desarrollo; director de Reforma del Estado Mideplán (1976-1984); profesor durante 37 años en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR; consultor en IICA, BID y PNUD, y colaborador de Página Quince de La Nación desde 1974.