EscucharEs bien conocido que la economía costarricense se caracteriza por una gran dualidad. Es decir, por un lado, empresas del régimen especial (zonas francas) altamente productivas, cuya producción creció en 2024 a tasas de dos dígitos (13,8%) versus empresas de régimen definitivo, mayoritariamente micro y pequeñas, con muy bajos niveles de productividad, cuya producción creció mucho menos (3,6%) en el mismo año.
Lo crítico de esta situación es que el peso relativo de las zonas francas en la producción nacional es aproximadamente del 15%, mientras el del régimen definitivo es el resto (85%). Por ello, el crecimiento del PIB del país fue de 4,3% en 2024. Una tasa importante de cara al resto de países de América Latina y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero insuficiente para atender retos sociales importantes como pobreza, educación, salud, seguridad, entre otros. Así, el desafío es cómo hacemos crecer la producción (pastel) del régimen definitivo de manera alta y sostenida.
Ante tal desafío, hay que tener presente que cualquier país que aspire a alcanzar un alto grado de desarrollo económico y social debe hacer de la mejora de la productividad –y, por ende, de sus capacidades domésticas de innovación– una tarea constante.
Lamentablemente, este no es el caso de Costa Rica. No tomamos en serio la innovación ni nos preocupamos por mejorar la reasignación de recursos (los dos pilares del crecimiento de la productividad). Sobre el primer tema (innovación), podemos ver claramente un deterioro si usamos la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) como indicador de este esfuerzo. Así, mientras en 2014 invertíamos el 0,56% del PIB en I+D, al año 2023 estamos invirtiendo tan solo el 0,34%, lo que muestra una tendencia sostenida a la baja en este tipo de inversión.
Más aún, si nos comparamos con los países de la OCDE, de la cual somos miembros, somos el país que menos invierte en I+D, superados por Colombia, México y Chile, e inclusive, estamos por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (ALC), así como de la OCDE. De hecho, mientras, en promedio, los países de la OCDE invierten por año el 2,73% del PIB en I+D, nuestro país solo invierte una mínima fracción de ese porcentaje (12%).
Cabe recordar que la inversión en investigación y desarrollo es el gasto corriente y de capital en I+D que realiza un país en un año. Comprende el trabajo creativo realizado de forma sistemática para aumentar el acervo de conocimientos y el uso de esos conocimientos para idear nuevas aplicaciones, en especial de tipo productivo. De acuerdo con la OCDE, este indicador incluye la I+D realizada por todas las empresas, institutos de investigación, universidades y laboratorios gubernamentales. Este indicador se mide, para efectos comparativos, como porcentaje del PIB de cada país.
Tanto la teoría económica como la evidencia empírica muestran que la relación inversión en I+D y crecimiento económico es unidireccional. Es decir, no hay que esperar a ser un país rico para invertir en I+D, sino que se debe hacer primero esta inversión si se desea llegar a ser un país rico.
Invertir en I+D es importante por dos razones básicas. La primera es el estímulo a los esfuerzos de innovación y es la que ha recibido mayor atención. La segunda razón es facilitar la imitación de los descubrimientos llevados a cabo por otros países. Esta última razón resalta la idea de que el conocimiento siempre tiene componentes tácitos, que resultan difíciles de codificar en manuales y libros de textos y aún más difíciles de adquirir sin haber llevado a cabo cierto nivel mínimo de investigación previa.
Es a través de la participación en I+D en un campo intelectual o tecnológico que, un país puede adquirir este conocimiento tácito y puede más fácilmente entender y asimilar los descubrimientos de aquellos países que están en la frontera tecnológica. En otras palabras, la inversión en I+D no solamente permite la generación de conocimiento nuevo, sino que también provee la “capacidad de absorción” necesaria mediante la cual el conocimiento tácito existente puede ser adoptado y utilizado eficientemente en procesos productivos. En síntesis, ningún país puede darse el lujo de no invertir en I+D, bajo el supuesto de que el conocimiento tecnológico es libre y fácilmente accesible para todos.
Varios estudios muestran que en Costa Rica no tomamos en serio el tema de la innovación. De hecho, la política de innovación es muy deficiente, por decir lo menos. Veamos. La inversión en I+D es muy baja, como se señaló antes; además, no está bien enfocada (i.e. los incentivos a la innovación no apoyan a las empresas correctas: medianas y exportadoras); los instrumentos de apoyo son limitados y tienen un enfoque de oferta (enfoque insuficiente); los instrumentos de demanda están ausentes (i.e. incentivos orientados a estimular la demanda o adopción de productos y servicios innovadores por parte de consumidores, empresas o el propio sector público); el sistema nacional de innovación no está bien desarrollado y no atiende las fallas de mercado (insuficiente apropiabilidad de los beneficios de la innovaciones, asimetría de la información entre los actores claves, alta incertidumbre y problemas de coordinación en las actividades innovadoras); además, la institucionalidad para atender las fallas de mercado y las fallas de gobierno (mala coordinación y políticas públicas equivocadas) es muy débil y, en algunos casos, inexistente. Por ello, se puede afirmar que la política de innovación en Costa Rica ha sido, y sigue siendo, un espejismo.
En síntesis, se requiere aumentar la productividad de las empresas del régimen definitivo y esto requiere, principalmente, incorporar de manera sistemática nuevos conocimientos en los procesos productivos de todas las actividades, públicas y privadas, y en todo tamaño de empresas: grandes y pymes. Es decir, promover la adaptación, creación, difusión y utilización de conocimientos por parte de los productores para poder producir bienes y servicios de mayor valor agregado (i.e. innovación).
De acuerdo con la experiencia internacional, hay varias lecciones que podemos aprender para avanzar en el campo de la innovación: poseer una comprensión del papel que debe jugar el Estado en el combate de las fallas mercado y de gobierno; tener voluntad política y acción para desarrollar un sistema nacional de innovación (SNI); definir, implementar, monitorear y evaluar las políticas y programas para el desarrollo de un eficiente SNI; contar con la institucionalidad necesaria para promover el desarrollo permanente de las capacidades nacionales de innovación; alcanzar una alta tasa de inversión en educación e investigación; así como una alta inversión empresarial y gubernamental en I+D; fomentar una base cada vez más diversificada de ejecutores de I+D; promover enlaces cada vez más estrechos entre la ciencia y el sector productivo; desarrollar un alto nivel de redes entre innovadores, y una infraestructura financiera de apoyo, donde existan instrumentos financieros diferentes al crédito tradicional para nuevas empresas (start-ups), para pymes con capacidad de crecimiento e innovación, así como intermediarios financieros no bancarios especializados en este tipo de instrumentos.
Debemos poder desarrollar una estrategia nacional que permita transitar desde el espejismo de una política de innovación a una política de innovación seria, robusta y permanente. Ante las próximas elecciones, sueño con que las diferentes tendencias partidarias tomen nota de la importancia de invertir en innovación, definiendo e implementando claramente una política sólida en este campo.
rmonge@academiaca.or.cr
Ricardo Monge González es el presidente de la Academia de Centroamérica.
