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Por décadas, Costa Rica ha sido reconocida por su estabilidad democrática, su capital humano y su capacidad para atraer inversión extranjera directa (IED) de alto valor agregado. Sin embargo, tras ese logro se esconde una verdad incómoda: la economía nacional se ha vuelto dual. Mientras las zonas francas y la Gran Área Metropolitana (GAM) concentran la productividad, la innovación y los empleos mejor remunerados, el resto del país –las regiones rurales, costeras y periféricas– avanza a un ritmo mucho más lento.
Según los datos más recientes, las provincias costeras y rurales generan apenas una fracción del PIB per cápita de la GAM y presentan mayores tasas de desempleo e informalidad. Este contraste no solo es geográfico: es estructural. Representa una división entre una Costa Rica altamente integrada a la economía global y otra que permanece anclada en sectores tradicionales, con baja productividad y escasas oportunidades para los jóvenes.
Un nuevo consenso para un viejo desafío
El London Consensus, elaborado por economistas de renombre mundial como Philippe Aghion, Dani Rodrik y Ricardo Haussmann, entre otros, plantea que el progreso del siglo XXI debe basarse en la innovación, la sostenibilidad y la inclusión. Las políticas públicas, señalan, deben centrarse no solo en el crecimiento, sino en crear capacidades productivas en todos los territorios, fomentando la competencia, el aprendizaje y la participación de la sociedad civil.
Aplicado al caso costarricense, ese enfoque implica superar la visión de “dos economías”. No basta con celebrar los éxitos del régimen de zonas francas; es necesario que los beneficios del conocimiento, la tecnología y la productividad se extiendan más allá del Valle Central. La innovación, advierte el economista John Van Reenen, no ocurre solo en laboratorios o campus tecnológicos: florece cuando las instituciones locales, las empresas y las comunidades pueden adaptarse, experimentar y aprender.
Del enclave al ecosistema
Costa Rica ha desarrollado un sofisticado ecosistema de innovación en sectores como dispositivos médicos, servicios digitales y manufactura avanzada. Sin embargo, estos polos –ubicados principalmente en la GAM– funcionan como enclaves tecnológicos: altamente competitivos, pero poco conectados con las cadenas productivas locales.
Para revertir esa dinámica, se requiere un enfoque territorial de la política industrial y de innovación, inspirado en el principio del “productivismo inclusivo” propuesto por Dani Rodrik. Esto significa promover el desarrollo de actividades productivas en las regiones menos favorecidas mediante tres líneas de acción:
- Infraestructura y conectividad digital: sin conectividad de banda ancha, las zonas rurales seguirán excluidas de la economía del conocimiento. Iniciativas de fibra óptica y 5G deben priorizar comunidades fuera de la GAM.
- Educación y talento local: los institutos técnicos regionales, universidades públicas y centros de innovación deben formar jóvenes en habilidades digitales, idiomas y pensamiento emprendedor, con pertinencia local.
- Política industrial descentralizada: programas de fomento a la innovación y encadenamientos productivos deben gestionarse con enfoque territorial, fortaleciendo gobiernos locales, cooperativas y asociaciones empresariales regionales.
Innovar desde lo local
La innovación no es patrimonio exclusivo de las multinacionales. En Guanacaste, productores agrícolas experimentan con tecnologías para reducir el consumo de agua; en Limón, jóvenes emprendedores impulsan servicios digitales y logística inteligente; en Pérez Zeledón, cooperativas adoptan energías renovables para sus procesos.
Estas experiencias demuestran que la innovación puede surgir en cualquier rincón del país, siempre que existan instituciones que acompañen, financien y conecten a los actores locales con redes de conocimiento y mercados.
El London Consensus subraya la importancia del “triángulo virtuoso” entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. En Costa Rica, ese triángulo podría traducirse en alianzas público-privadas para la innovación regional, donde universidades, cámaras de productores, gobiernos locales y empresas tecnológicas trabajen juntos en proyectos concretos: digitalización de pymes, servicios en la nube para cooperativas, capacitación en inteligencia artificial aplicada a la agricultura o el turismo.
Reducir brechas con propósito
La desigualdad territorial no es solo económica: también es social y política. Allí donde faltan empleos de calidad y oportunidades, surgen el desencanto y la desconfianza institucional. Por eso, llevar la innovación a las regiones menos desarrolladas no es solo una estrategia de crecimiento, sino de cohesión democrática.
Como advierten Francisco Ferreira y otros autores del London Consensus, la equidad y la productividad deben dejar de verse como objetivos opuestos. Las políticas redistributivas sin dinamismo productivo generan dependencia, pero las estrategias de competitividad sin inclusión social profundizan las divisiones. Costa Rica debe construir su propio consenso: una agenda que combine la eficiencia económica con la justicia territorial.
Del diagnóstico a la acción
El país ya cuenta con activos importantes: instituciones sólidas, talento humano, estabilidad y reputación internacional. Pero necesita una segunda generación de reformas:
- Simplificar la regulación para facilitar la inversión y la formalización de emprendimientos rurales.
- Alinear los incentivos fiscales y financieros hacia actividades innovadoras fuera de la GAM.
- Coordinar esfuerzos entre MAG, Mideplán, Micitt, MEIC, Procomer, SBD y los gobiernos locales para generar “ecosistemas regionales de innovación”.
- Incorporar métricas de innovación territorial en la planificación nacional del desarrollo.
Un futuro que llegue a todos
Costa Rica no puede seguir avanzando a dos velocidades. El progreso sostenible requiere que la próxima ola de innovación llegue también a las zonas rurales, costeras y fronterizas, donde la creatividad y la resiliencia abundan, pero las oportunidades escasean.
Llevar la innovación adonde más se necesita significa democratizar el progreso: hacer que el conocimiento, la tecnología y la productividad se conviertan en instrumentos de inclusión y bienestar. Ese, y no otro, debería ser el verdadero consenso costarricense para el siglo XXI.
rmonge@academiaca.or.cr
Ricardo Monge González es el presidente de la Academia de Centroamérica.
