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La pensión consumo es una idea formidable en circunstancias en que el sistema pensional de la Caja Costarricense de Seguro Social corre el riesgo de colapsar debido a la caída en la natalidad y a la disminución de trabajadores aportantes. Su autor intelectual es el Dr. Walter Coto Molina, abogado turrialbeño que en los años noventa fue presidente de la Asamblea Legislativa.
El espíritu de su propuesta es dotar a la población de una pensión que no esté vinculada a la contribución tripartita (trabajador, patrono y Estado).
Al 42 % de las personas mayores de 65 años que nunca cotizaron o no son sujetas de ayuda del Régimen No Contributivo, se les aseguraría un ingreso. Para quienes cotizan o tienen un ahorro para este fin, sería un complemento para mejorar sus ingresos cuando se retiren.
El sistema consiste en destinar una fracción del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a la pensión consumo de la siguiente forma: el primer año, un 1 %; el segundo año, un 2 %; y, a partir del tercer año, un 3 %. El dinero se depositaría en una cuenta individual en el sistema financiero, a nombre del comprador, por medio de la operadora de pensiones de su elección. Así, este dinero no sería administrado por el Estado. El monto se incrementaría con los valores agregados dispuestos en la propuesta para paliar las desigualdades presentes en nuestra sociedad.
¿Qué sucedería con los turistas y las empresas que, a pesar de pagar el IVA, no se jubilan? El 3 % de las compras y servicios brindados a los visitantes va íntegro a las cuentas de los consumidores calificados en extrema pobreza, y, en el caso de los empresarios, la mitad se registraría como crédito fiscal para seguir estimulando el pago del IVA. Además, para las compras y servicios anuales mayores de 25 salarios base, el 70 % irá a los ya indicados pobres en extremo, y el 30 % seguirá incrementando la aportación de los consumidores.
Estoy convencido de los beneficios de este tipo de sistema propuesto por Coto, ya que convierte a cada costarricense en un fiscalizador del Ministerio de Hacienda, pues, al saber que cuando compra o recibe un servicio gravado con el IVA, un porcentaje es para su pensión, se sentirá estimulado a exigir la factura y vigilará que su porción se refleje en su cuenta.
Para el fisco, reduciría la evasión notablemente, la cual, en el caso del impuesto sobre el valor agregado, anda entre un 32 % y un 40 %. El sistema, asimismo, crearía una cultura tributaria porque la ciudadanía percibiría un beneficio directo; ayudaría a combatir la pobreza y, por ende, a mejorar la distribución de la riqueza, ya que, al llegar a los 65 años, todos tendrían un ingreso digno o complementario; y, para quienes están en pobreza extrema, aún más de lo que colabora su renta derivada de un consumo muy limitado, especialmente entre adultos mayores y madres solteras.
El consumo de bienes y servicios impulsaría hacia la economía formal a la informal porque la gente preferirá los comercios que dan factura.
De lograrse implantar este esquema, Costa Rica será el primer país en dar a su gente una pensión sobre la base del consumo de bienes y servicios, una idea exportable, al igual que se exportó el solidarismo, planteado por Alberto Martén Chavarría en la década de los cuarenta.
La base económica del solidarismo es una fracción adelantada de las prestaciones que destinan las empresas a cada trabajador, mediante las cuales se forma un fondo común. El empleado también contribuye con una cantidad similar que administra una asociación. Esos recursos se invierten y de esa manera aumenta el capital de cada integrante de la asociación solidarista.
Cabe aclarar que la pensión consumo no le quitaría recursos a Hacienda, pues se compensa con la reducción de la evasión gracias a la participación vigilante de la población. Además, se crearía un inmenso ahorro nacional que serviría para promover obra pública y social.
La factura electrónica facilita la ejecución de esta idea, y el país cuenta con la infraestructura tecnológica y operativa para implementarla.
fzamora@abogados.or.cr
Fernando Zamora Castellanos es abogado constitucionalista.
