Miles de carros en presas, gente va y viene apurada con sus preocupaciones y ocupaciones a cuestas, el timbre de una escuela llama al recreo, un avión sobrevuela en su intento por aterrizar, el calor agobia... En ese paisaje de rutina y prisa, un ataque brutal cortó el aire, rompió la inercia y heló la temperatura; en un instante, la convivencia se hizo más frágil. La marca país registró otra rayita de deterioro. Una familia –una más– conoció el horror.
El 13 de abril de 2026 debe quedar marcado para siempre en el calendario nacional. Para no olvidar. Para detenernos. Para cambiar.
Ese día, ocurrió una agresión brutal contra una mujer –una más–. Pero al acercar el foco, descubrimos también a una funcionaria judicial. El ataque adquirió otra dimensión y se vuelve doblemente grave: contra una mujer y contra una institución. Como una granada que libera decenas de clavos y materiales letales con consecuencias insospechadas, incalculables.
Cuando una jueza es atacada por el hecho de ser mujer y por la función judicial que ejerce, se produce un cortocircuito en el sistema; el edificio republicano se agrieta. La agresión a una jueza no solo lastima gravemente a la persona. Tantea la puerta de un peligro mayor: la normalización del miedo en jueces, magistrados y en la función pública en general. La agresión transmite un mensaje colectivo: “cuídense, piénsenlo dos veces, no incomoden”.
Como suele ocurrir, el ataque físico contra la jueza fue la manifestación última de una agresión fermentada y ejecutada en capas que se van cimentando una sobre otra bajo la superficie de lo cotidiano. Primero, la incitación con ofensas verbales que, en este caso, vinieron de donde jamás debieron venir… por la investidura, por la dignidad del cargo, por lo que representa y por más razones. Luego, el hostigamiento del ejecutor directo: amenazas de muerte, grabaciones ilegítimas, intimidación y ataque con un animal. Por último, el golpe que la tiró al suelo al son de patadas y reclamos contra sus resoluciones.
Una escena que no debió ocurrir en el guion de la convivencia de un país demócrata y “pacífico”. El resultado a nivel personal: lesiones físicas de consideración y graves secuelas emocionales. A nivel institucional, una banderilla sobre el lomo de la independencia judicial. El atacante, dice la investigación, un hombre con antecedentes por agresión. La causa, tentativa de femicidio y probablemente otros cargos. La tarea del sistema judicial: resolver sin demora. A la sociedad le queda agrandar el cuadro para ver lo que no cabe en una denuncia: las dinámicas que nos trajeron hasta aquí.
En primer lugar, el machismo estructural. Aumento de agresiones y de femicidios, denuncias que rebasan, medidas de protección que no funcionan, asimetrías estructurales, programas de resocialización inefectivos, procesos que no llegan a puerto.
Según el Informe del Estado de la Justicia más reciente, solo el 14% de los casos de denuncias por violencia contra la mujer llega a juicio. El restante 66% se desestima o sobresee definitivamente sin pasar de la fase inicial del proceso penal. De los expedientes que sí llegan a juicio, apenas el 32,8% concluye con condena. En el marco del derecho, el mapa es claro. Costa Rica ratificó la Convención de Belém do Pará: prevenir, investigar, sancionar la violencia contra las mujeres no es un gesto; es un deber. Por su parte, el Código Penal prevé los tipos y las sanciones específicas. Pero la realidad se impone con terquedad.
Concretamente en la función pública, la violencia de género no es algo nuevo: es ancestral, estructural. En el caso de la señora jueza Carballo, es resultado de una estrategia concreta que apunta de forma persistente y sistemática a quien irrita, particularmente si es mujer, con pensamiento independiente y perfil alto. En los últimos años, ese uso perverso del poder ha sido muy evidente contra varias diputadas y otras altas funcionarias.
Eso nos señala la otra dinámica: el debate público convertido en ring. El poder de las palabras y el tono en que se pronuncian no es retórica vacía. Marcan el clima, amedrentan, orientan o desorientan. Este hecho demuestra que hay que cuidar el clima público; debemos “salir de la lógica de la división y la represalia”, dijo el papa León XIV recientemente. Estamos urgidos de narrativas que muestren el valor del respeto al “otro” y a la “otra”, que reivindiquen el derecho a la diferencia.
Por eso, a las puertas de su próximo gobierno, la presidenta Fernández, su gabinete y su fracción parlamentaria tienen una oportunidad que también es una responsabilidad: en vez de volumen, contenido; en lugar de epítetos, argumentos; en vez de ataque, debate y construcción colectiva. La chabacanería debe ser extirpada del idioma político.
La tercera dinámica es el ataque in crescendo contra la independencia de poderes. La agresión a la jueza es solo una manifestación más. Y si la justicia empieza a moverse con miedo, deja de ser brújula para convertirse en veleta, deja de ser columna para convertirse en fachada. Si eso se consolida, rápidamente se quiebra algo que cuesta décadas reconstruir. Esta brutalidad debe ser un recordatorio para el Ejecutivo y para toda la sociedad de que con la independencia judicial, no se juega.
Si se doblega el Poder Judicial, será el pueblo el que más sufra las consecuencias. Las clases altas y bajas, el sector empresarial, la academia, las personas trabajadoras, los medios de comunicación… Repito: todo el pueblo queda desprotegido, expuesto a abusos de poder y a injusticias.
Podemos explorar propuestas de soluciones para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres en todos los espacios públicos y privados. Podemos profundizar en los mecanismos para garantizar la independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, nada de esto sustituiría lo esencial: un compromiso político sostenido. Convocar al diálogo, reconocer el dolor sin explotarlo, hacer del respeto política y no eslogan. ¿Será necesario que se firme un pacto ético de no agresión entre poderes?
Ahora, imaginemos a la jueza de regreso en su casa, sin miedo de salir y caminar por la calle. Imaginémosla en su despacho, libre, sin temor a dictar justicia según su leal saber y entender. La ciudad seguirá con su tráfico; la gente, con sus ocupaciones, y el sol va dando paso a las primeras lluvias. Imaginemos a la justicia respirando en calma, sin temor, sin tanque de oxígeno.
Abril Gordienko López es mujer, madre y diputada electa.