EscucharLa rebaja en el marchamo, aprobada por los diputados, era un diez con hueco, un confite para engatusar en campaña a los electores. Si tuvieran interés genuino en garantizar el bien común, los legisladores debieran reformar la obsoleta Ley 7088, promulgada hace 34 años.
Esa ley creó el impuesto sobre la propiedad de vehículos, el cual equivale al 66 % de los cobros que conforman el marchamo. Sin embargo, por omisión de gobiernos y diputados de turno, incluidos los de ahora, no se actualiza desde 1987. Adaptarla a nuestros tiempos es lo justo y necesario, porque la norma tiene sinrazones.
Por causas inexplicables, el impuesto lo pagan solo los propietarios de automóviles. Los dueños de camiones de carga y buses tienen tarifa diferenciada y nominal de ¢8.000 por unidad, sin importar valor, tonelaje o los pocos o muchos millones que generen en ingresos. Traídos a valor presente, esos ¢8.000 serían ¢204.000; un aporte más razonable.
Pero hay más. La desproporción de la ley es tal que las motocicletas tributan entre ¢700 y ¢15.000, según cilindrada, independientemente de su valor o lujo. Así, el peso de la ley recae en quienes tienen auto, pues aportarán este año la mayoría de los ¢185.000 millones del impuesto al ruedo. Buses, camiones y motos son un cero a la izquierda.
Los diputados no tienen que pensarlo mucho. Desde diciembre del 2018, el legislador Gustavo Viales propuso la «Ley que elimina la tarifa diferenciada de los vehículos de carga pesada en el impuesto a la propiedad de vehículos automotores». Eso sí, le faltó incluir buses y motos.
La Contraloría General de la República se pronunció en favor de la propuesta por considerarla «ajustada al principio de capacidad contributiva y a las necesidades fiscales del país»; y advirtió un motivo de peso para eliminar la tarifa diferenciada: los vehículos pesados son los que más inciden en el deterioro de las vías públicas, a cuyo mantenimiento está destinado parte del gravamen.
No hay mucho que decir. Si los diputados de verdad quieren hacer un favor al país mediante ajustes al marchamo, deben empezar por equilibrar la ley, por eliminar tarifas diferenciadas. Esa subfacturación es inconcebible en tiempos de crisis fiscal.
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