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Sobreprecios y sobrecostos 2.0

Los ciudadanos somos permisivos al dejar que gobernantes, diputados y funcionarios nos cobren de más en el arroz, los combustibles y otros productos de primera necesidad

Sobreprecios y sobrepagos. El día que logremos cuantificar las pérdidas en que incurren instituciones, funcionarios y políticos al mal invertir o malgastar el dinero público, caeremos de espalda. Las megacifras nos abrirán los ojos acerca de cuántas oportunidades de desarrollo se nos escaparon de las manos debido a los pésimos administradores que tenemos en el Estado.

Hemos llegado al punto —como dije hace una semana— que a nadie le importan los sobrecostos porque se convirtieron en cosa común y, por lo general, amparados por la impunidad. Es hora de abrir los ojos y cuantificar la repercusión de los sobreprecios en la vida diaria.

El arroz es un ejemplo. El gobierno de Carlos Alvarado y todos los que lo antecedieron han protegido a los arroceros al mantenerles la fijación del precio por decreto. Así, Costa Rica es, entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el que tiene el segundo precio más alto. ¿Quién pierde? Irónicamente, los hogares más pobres, pues pagan el costo de más en el arroz 80 % grano entero.

Combustibles, lo mismo. Automovilistas, transportistas y pasajeros de buses pagan un sobreprecio (disfrazado de subsidio) en favor de grandes consumidores de gas LPG y de asfalto. ¿Sabe cuánto? Entre el 2009 y el 2021 habría llegado a ¢200.000 millones (gracias al experto en la materia que hizo el cálculo y me lo envió).

Ahora unos diputados quieren ponerle otro sobreprecio al combustible para financiar ensayos de Recope en nuevas energías. Lo hacen porque los ciudadanos no pasamos de quejarnos.

Otro caso muy concreto es la Superintendencia de Telecomunicaciones. Anunció la compra de 78.000 computadoras para colegiales de bajo ingreso a un costo de ¢433.000 la unidad. Sin embargo, la Fundación Omar Dengo pagó ¢151.000 en un concurso reciente. Solo la duda es motivo para detener la licitación.

Estos son unos pocos ejemplos; sin embargo, lo cierto es que este país sería otro si gobernantes, instituciones y funcionarios se alinearan para gastar con responsabilidad el dinero ajeno. La necesidad de poner orden en compras e inversiones es imperiosa. Urge una reforma estructural, pero mientras los ciudadanos sigamos en este letargo, la cuenta crecerá en favor de unos pocos.

amayorga@nacion.com

Armando Mayorga

Armando Mayorga

Ingresó a La Nación en 1986. En 1990 pasó a coordinar la sección Nacionales y en 1995 asumió una jefatura de información; desde 2010 es jefe de Redacción. Estudió en la UCR; en la U Latina obtuvo el bachillerato y en la Universidad de Barcelona, España, una maestría en Periodismo.