Orlando Núñez Pérez. 3 octubre, 2018

La inmensa mayoría de la población trabajadora, es decir, los miles de obreros de las empresas agrícolas que producen las riquezas donde se sustentan las exportaciones principales del país –banano, piña, café, leche– y los productos que forman parte del consumo nacional –carnes, huevos, hortalizas, tubérculos, etc.– no están en huelga.

Tampoco lo están los obreros de las empresas industriales, incluidos miles de las zonas libres, ni los obreros de la construcción, ni los empleados de establecimientos comerciales, ni de servicios, ni los trabajadores del transporte público.

Hay que llamar al orden de “los patriotas” que solo defienden excesos y gollerías

No se sumaron al “paro” los que laboran en empresas eléctricas, telefónicas y acueductos; tampoco las amas de casa, sostén del hogar, ni los jubilados ansiosos de paz y seguridad. No se han sumado al llamado de “huelga indefinida” los trabajadores de los medios de comunicación, fieles a su vocación de informadores de la sociedad.

Todos sumados representan millones que no apoyaron la huelga, ni tampoco marchas, bloqueos o sabotajes. No obstante, todos, de una u otra manera, hemos sido perjudicados, aunque la mayor afectación la ha sufrido la economía del país y algunos servicios “casi sagrados” como la salud y la educación.

Apoyo a diálogo. Por todo esto, confiábamos en el sentido democrático y cívico, y muchos apoyamos las conversaciones entre los dirigentes sindicales y el gobierno de la República, facilitadas por la intervención de la jerarquía católica. Todos ansiábamos una solución justa y legal. Y parecía que se alcanzaba. Pero la alegría duró poco: los “líderes” sindicales fueron desautorizados por “las bases”.

¿No conocían los dirigentes la opinión de sus afiliados? ¿No tuvieron la capacidad de incorporarla al documento? ¿Es que nunca discutieron con sus bases la decisión que debía tomarse en su momento? ¿Qué sigue entonces? ¿Más cortes de calles y carreteras? ¿Más interferencia en la producción nacional? ¿Más violación de los derechos de enfermos, estudiantes, trabajadores y de la población en general? ¿Van a seguir fomentando la ruina del país y exhortando al sabotaje y a la flagrante violación de la Constitución y de la ley?

La mayoría silenciosa ha comenzado a hablar. Y su resolución es clara: ¡Basta ya de atentar contra la estabilidad económica y social del país! Y de su vocación democrática, de su buena fama en el concierto de naciones, de su riquísima historia de convivencia pacífica, fraterna y patriótica, del arreglo mediante el diálogo.

Hay que llamar al orden de “los patriotas” que solo defienden excesos y gollerías. Es preciso instruir a ciertos dirigentes sobre lo que es la democracia, pues parecen convencidos de que esta es el goce de sus privilegios y alcahueterías. Y no solo del sector sindical, sino de la dirigencia política, judicial y económica. Costa Rica no merece tanta apostasía y tanto maltrato.

El autor es periodista.