La huelga del Poder Judicial es diferente a cualquier otra que haya sufrido el país, como bien lo indica la especialista en derecho laboral Paola Gutiérrez en El Financiero. Todo un poder de la República se ha ido a paro, suspendiendo el trabajo de los tribunales, la impartición de justicia y otras funciones esenciales para el mantenimiento de un Estado de derecho. La raison d’être del plantón, como sabemos, es defender un régimen que obliga al resto de los contribuyentes a pagarles pensiones de lujo a los empleados judiciales.
Uno creería que este tipo de coyuntura se presta para la consolidación de liderazgos, tanto de quienes son responsables de gobernar, como de aquellos que aspiran a hacerlo. Pero ese no ha sido el caso. El presidente Solís hizo las de Pilatos al decir que esta es una bronca entre los gremios del Poder Judicial y los diputados. No importa que un mal acuerdo podría dejarle una enorme factura a Hacienda y, por ende, es un asunto que también le atañe al Ejecutivo. Como vemos, Solís ya está en operación de patearle la bola al próximo gobierno.
Más patética aún fue su solicitud de “misericordia” a los huelguistas para que entregaran los cuerpos retenidos en la morgue judicial. Solís dijo hace un año que ni 57 diputados unánimemente podían tocar asuntos de remuneraciones sin antes consultarlo con los sindicatos, básicamente dándoles un veto sobre cualquier reforma al sector público. El presidente puso a los zorros a cuidar el gallinero y ahora les pide misericordia.