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Si la justicia permite la impunidad de los grandes, la corrupción baja en cascada

Se clama por más severidad en las leyes, pero cuando estas se aplican tienen un insoslayable sesgo de clase y su peso cae sin piedad sobre los que no tienen influencias

Estado de derecho, justicia
Es imprescindible un sistema de justicia recto, pero se debe acompañar de oportunidades en educación, salud y bienestar ambiental que aseguren una vida digna. Shutterstock

Dos noticias recientes, publicadas en el diario La Nación, retratan de cuerpo entero la inequidad en la aplicación del sistema de justicia dependiendo del sujeto. La primera, publicada en la página 11 del pasado viernes 4 de julio, menciona la condena a tres años de cárcel contra Rafael Ángel Zamora, el dueño de Pedregal, por daño ambiental en áreas protegidas de Cañas, Guanacaste, con ejecución condicional de la pena.

La Fiscalía acusó a Zamora de tres delitos de estrago y otros tres delitos de usurpación de aguas, así como la apertura de una trocha en bosque e invasión de áreas de protección. A Zamora se le achacó, de acuerdo con la acusación, haber ordenado atascos en el río Higuerón con el fin de captar aguas de ese cauce de manera ilegal para usarlas en el riego de sus fincas. Según la Fiscalía, el atasco que hizo en el río Lajas aumentará su poder destructivo, dañando las cosechas de caña. En primera instancia, a Zamora se le había condenado a dos años y medio de prisión y al pago de ¢184 millones al Estado por daño ambiental. En segunda instancia se le subió la pena de prisión a tres años, pero se le eximió del pago de ¢184 millones.

La segunda noticia se publicó en la página 12 del domingo 6 de julio bajo el título “Hombre deberá pagar ¢20 millones a mujer por darle una nalgada”. Los hechos ocurrieron el 1.º de marzo del 2023, cuando la víctima circulaba en bicicleta en Paquera, Puntarenas, en la intersección de Guarial y Praderas. Hernández, el ahora condenado, que viajaba en moto como pasajero, cometió el delito sexual aprovechando que el motociclista aceleró. El tribunal lo condenó a tres años de prisión y al pago de ¢10 millones por daño moral y psicológico y a otros ¢10 millones por daño físico; además, deberá desembolsar ¢2,5 millones por costas personales.

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