El Tribunal Penal de Cañas impuso este jueves una sanción de tres años de cárcel al dueño de las empresas Pedregal, Rafael Ángel Zamora, por daños ambientales en áreas protegidas, en Cañas, Guanacaste. No obstante, lo libró de pagar ¢184 millones al Estado.
En específico, el castigo es por tres delitos de usurpación de aguas, así como la apertura de una trocha en bosque y la invasión de áreas de protección. La resolución contempla el beneficio de ejecución condicional de la pena.
Esto significa que Zamora no tendría que ir a prisión, a menos de que se le compruebe otro delito durante el plazo de la condena. Aunque para gozar de ese privilegio, eso sí, deberá cumplir con una serie de restituciones ambientales.
Además, aún existe la posibilidad de una apelación, tanto del acusado Zamora como de la Fiscalía Ambiental.
Sin embargo, un Tribunal de Apelación ordenó realizar un juicio de reenvío tras una recalificación de los delitos.
En ese juicio de reenvío, este jueves se elevó a tres años la pena de prisión, pero se rechazaron las dos acciones civiles resarcitorias reclamadas por la Procuraduría General de la República y por la empresa Hacienda Taboga S. A., una de las afectadas.
Por consiguiente, se anuló el pago de ¢184 millones al Estado establecido en el 2015.
En un comunicado de prensa, Pedregal dijo respetar el fallo, aunque no comparte la condena penal impuesta.
“Es importante destacar que el Tribunal declaró sin lugar el delito de estragos y, además, rechazó las acciones civiles interpuestas por el Estado y por Hacienda Taboga S. A., imponiéndoles a ambos el pago de las costas procesales. Ninguna sociedad fue condenada por las acciones civiles resarcitorias y, en lo penal, se otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena”, se consignó en la nota de prensa.
En efecto, los jueces condenaron al Estado al pago de ¢20 millones por haber litigado de mala fe, y a Taboga a pagar otros ¢80 millones.
Caso data del 2008
El dueño de Pedregal llegó a juicio por hechos ocurridos en los años 2008, 2009 y 2010.
La Fiscalía acusó a Zamora de tres delitos de estrago y otros tres delitos de usurpación de aguas, así como la apertura de una trocha en bosque e invasión de áreas de protección.
Según el Ministerio Público, los daños ambientales ocurrieron en terrenos colindantes con una finca adquirida por Zamora en San Miguel de Cañas.
La acusación le achacó haber ordenado atascos en el río Higuerón con el fin de captar aguas de ese cauce, de manera ilegal, para usarlas en el riego de sus fincas.
Rafael Ángel Zamora Fernández, presidente de Corporación Pedregal (derecha), junto a su abogado Gavridge Danilo Pérez Porras en diciembre del 2023, en la Asamblea Legislativa. Foto:
De acuerdo con la Fiscalía, el atascó provocó que el río Lajas se convirtiera en una afluente del río Higuerón, contrario al sistema natural de los mismos, lo que aumentó el poder destructivo del río, dañando las cosechas, especialmente de caña.
La acusación le atribuyó a Zamora haber cambiado el uso del suelo y realizar una trocha en 6.000 metros cuadrados en el área de protección de un río, lo que habría ocasionado la destrucción de más de dos hectáreas del conocido bosque la Ojochada.
“Las acciones del imputado produjeron pérdidas en las cosechas de caña de empresas de la zona, y generaron una afectación a la hidrología de los ríos Higuerón, Lajas y laguna Madrigal”, sostuvo el Ministerio Público.
Nota del editor: Esta información se actualizó a las 6:10 p. m. con más información de la sentencia y la reacción de Pedregal.
