EscucharMientras el país atraviesa la peor crisis de inseguridad de su historia, el presidente no asume su responsabilidad, o presume de su irresponsabilidad, si se quiere ver desde otro ángulo.
Los cuerpos de seguridad demandan más recursos para combatir la delincuencia y los crímenes producto del narcotráfico. Aun así el gobierno tiene en poco el principio de austeridad y propone en el presupuesto del 2024 un aumento de ¢38.000 millones para gastos superfluos, entre estos, actividades protocolarias.
Al OIJ le asignó ¢107.346 millones, un poco más de los ¢104.747 millones del año pasado, y al Ministerio de Seguridad Pública un aumento del 7,8 %. Alcanza para bicicletas, mas no es lo requerido para luchar contra el armamento y organización de los traficantes de drogas. Si la excusa es la regla fiscal, la seguridad ciudadana justifica con creces la excepción.
Los diputados, preocupados por la gravedad de la situación y de la incoherencia del Ejecutivo, emprendieron la tarea de enmendarle la plana y buscaron de dónde recortar para destinarlo a lo realmente urgente. En medio de la calamidad, destacan las ideas y no los despropósitos.
Los legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP) Eli Feinzaig, Gilberto Campos y Jorge Dengo, por ejemplo, propusieron tomar ¢38.300 millones de la aportación destinada a convertir al país en miembro pleno del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), una afiliación que puede esperar, si realmente fuera necesaria, lo cual está en duda.
Otra iniciativa del seno de la Comisión de Hacendarios es reducir ¢20.000 millones de la partida destinada al pago de intereses de la deuda para fortalecer con ¢12.000 millones más al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y con ¢8.000 millones al Ministerio de Seguridad Pública.
Es una pena armarse mejor porque el Ministerio de Educación (MEP) no termina de comprender la imbricación de su trabajo con el de la seguridad.
En mayo, el Ministerio de Hacienda ofreció, contradictoriamente, recortar algunos programas del MEP con el fin de destinar ¢3.200 millones al plan Costa Rica Segura. El viceministro Leonardo Sánchez negó en ese momento afectación de la labor institucional. Está equivocado. El perjuicio lo sufrieron quienes reciben becas del programa Avancemos y subsidios para transporte escolar, así como personas con discapacidad. El daño lo recibirá la sociedad entera en un futuro cercano.
El problema de fondo no radica en la falta de policías, sino en la ausencia de un sistema educativo de calidad y medidas para crear empleo. Un país inseguro aleja turistas e inversión extranjera. Lo contrario es origen del problema de seguridad.
Recientemente, la presidencia eliminó de su logo el eslogan “Trabajando, decidiendo, mejorando”. ¿Toma de conciencia? Difícilmente, pero la improvisación vista hasta ahora con toda seguridad es el resultado de la inexperiencia, para no ahondar en otras suposiciones.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.
