Cuando desde del extremo retórico, usando los poderes administrativos del Estado como instrumento, se pasa a acciones ilegítimas para tratar de amedrentar o ahogar económicamente a medios independientes, el peligro para la democracia es tangible: no solo cercena materialmente el ejercicio de la libertad de expresión, sino también la seguridad jurídica y el Estado de derecho en general. Desde aquí puede abrirse el camino hacia la arbitrariedad y la confrontación.
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Rodrigo Chaves nunca ha tenido relaciones tensas con la prensa, por una razón simple: desde que se convirtió en candidato optó por los ataques directos para desacreditar trabajos de investigación que revelaban dudosas conductas, desviar la atención y evadir el rendimiento de cuentas. No fue resultado de la tensión natural comentada, sino una estrategia deliberada bajo el lema de «prensa canalla», cada vez más extendido contra medios, periodistas y, desde anteayer, sus «cómplices». Tras su triunfo vino un período de calma. Sin embargo, ya en Zapote, quizá ofuscado por el trabajoso ejercicio del poder democrático, aceleró ese rumbo desde el podio presidencial.
Su gran puesta en escena, ya crónica, son las conferencias de prensa de los miércoles. Con Chaves como protagonista y ministros u otros funcionarios como personajes de reparto, o simple tramoya, el nivel de agresividad ha crecido y saltado ahora al escenario de las vías de hecho, con el arbitrario cierre del Parque Viva, propiedad del Grupo Nación.
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Con esta decisión, cada vez más enredada en su torpeza y turbiedad, lo que era preocupación por la retórica ha pasado a ser alarma por los actos y por el coro de tiktokeros violentos, y difícilmente espontáneos, que piden cosas peores. No exagero al señalar los riesgos para la convivencia democrática. Los ciudadanos y nuestras instituciones debemos estar alertas.
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