Asesinó a casi 300 personas, apresó a muchas más y reprimió a miles con salvajismo. Manejó lo peor de la pandemia con total desdén por la vida. Atacó a las madres de los presos políticos, a periodistas y sacerdotes. Rodeó e invadió iglesias. Allanó y silenció medios independientes. Canceló cientos de organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y hasta las academias de ciencias y de la lengua. Cerró universidades. Encarceló a los posibles candidatos presidenciales de oposición y se impuso en un proceso electoral sin legitimidad alguna. Generó oleadas de migrantes y exiliados. Tomó las oficinas de la OEA y forzó la salida de sus representantes. Abrió las puertas para el ingreso y permanencia de tropas rusas. Lo más reciente: asaltó y se apoderó de cinco alcaldías opositoras y expulsó a las misioneras de la caridad.
Esta es parte de la cadena de perversos hechos desatados desde abril del 2018 por el régimen de Daniel Ortega, convertido en paria internacional. Pero está a punto de ser “normalizado” por el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
¿Será posible detenerlo? Costa Rica podría lograrlo si el presidente Rodrigo Chaves lo decide. Sin embargo, parece difícil. Ya nuestro país se “sumó al consenso” decidido durante una reunión de cancilleres del área celebrada el 23 de julio, y recomendó a la próxima cumbre del organismo un candidato de Ortega para su Secretaría General.
