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El comienzo de una legislatura despierta numerosas expectativas en quienes trabajamos en diferentes áreas del desarrollo nacional, entre ellas, la ambiental.
Debe reconocerse que el año 2021 y lo que llevamos del 2022 han sido bastante productivos en cuanto a aprobación de leyes ambientales o progreso para la votación de proyectos.
En esa lista están iniciativas para la protección de las abejas, modificaciones a la Ley Forestal con el fin de facilitar el aprovechamiento de madera decomisada o producto de desastres naturales, el impulso a las marinas turísticas, la movilidad peatonal, la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre, la aprobación de contratos de préstamo, los bonos temáticos (verdes), la estipulación de la categoría de residuos prioritarios en la Ley de Gestión de Residuos, la promoción de energía distribuida, la protección del desalojo de los ocupantes de zonas especiales, las salvaguardas ambientales para la cuenca del río Sarapiquí y minería metálica subterránea.
Aunque en este último caso se amplió el plazo para continuar usando mercurio y cianuro sin establecer procedimientos claros para regular la actividad que no tenga las respectivas concesiones.
Asimismo, la Comisión Especial de Ambiente, en ese período, dictaminó un total de 23 proyectos: 15 afirmativos (2 dictaminados con informe de subcomisión) y 8 de manera negativa.
Los retos pendientes de la legislatura anterior no resultan menores para la actual Asamblea, sin perjuicio de las iniciativas de ley que los actuales diputados decidan presentar para promover la tutela del medio. Entre estos cabe resaltar:
1. El Acuerdo de Escazú o Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que ha sido de especial relevancia mediática en los últimos años y cuya carencia de ratificación podría afectar la imagen internacional del país en cuestiones como la sostenibilidad, especialmente, si se considera nuestro papel como uno de los impulsores.
El Senado de Chile votó recientemente a favor de la adopción, lo cual nos deja en una posición aún más incómoda, porque la ratificación enfrenta aquí fuerte oposición.
2. La reforma de la Ley de Aguas, que permitiría la modernización parcial del marco jurídico, asignatura pendiente desde hace muchos años y que diferentes obstáculos nos impiden disponer de mecanismos modernos para la gestión del recurso.
3. La modificación de varios artículos de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre para proteger las especies pesqueras comerciales, como los tiburones, cuando sean declaradas amenazadas o en vías de extinción por organizaciones internacionales o nacionales.
4. El Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios, cuyo texto resulta consistente con los avances y experiencia pionera del país, y que posibilitará tomar medidas con miras a apoyar el cumplimiento de la legislación en naciones donde los recursos genéticos costarricenses son utilizados.
5. El proyecto de Ley de Derechos de Utilidad Ambiental (DUA), con el que se pretende regular la ocupación en el patrimonio natural del Estado bajo ciertas condiciones.
Este, si bien ha recibido críticas por los posibles efectos en el dominio público estatal, procura resolver una problemática histórica relacionada con la falta de seguridad legal asociada a la tenencia de estos territorios en manos de poblaciones con años de habitarlos.
6. La iniciativa para declarar a Costa Rica libre de explotación y exploración petrolera y de gas natural, que elevaría a rango legal disposiciones previas.
7. Disposiciones para mejorar la generación y distribución de recursos derivados de la riqueza atunera bajo soberanía nacional.
8. El proyecto para la gestión sostenible de áreas de protección de los cuerpos de agua con el propósito de clarificar cuáles actividades podrían realizarse en esas áreas y bajo qué condiciones. Es una modificación a la inflexibilidad regulatoria existente.
9. Reformas varias a la Ley de Biodiversidad, que incluyen la estructura del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la investigación básica con recursos genéticos a fin de simplificar los trámites y ponerlos a tono con la Estrategia Nacional de Bioeconomía.
10. El préstamo para la ejecución del proyecto del tren eléctrico metropolitano, que representaría un paso hacia la descarbonización y la mejora de las condiciones de vida de quienes necesitan transporte eficiente.
Contamos, en definitiva, con una amplia agenda legislativa ambiental. Solo falta que los diputados trabajen en ella.
Jorge Cabrera Medaglia es abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica. Ha escrito siete libros, entre ellos, “Bioderecho: propiedad intelectual, comercio y ambiente: posibilidades y opciones para establecer sinergias entre los sistemas de propiedad intelectual y los tratados ambientales”. Es columnista de La Nación desde el 2008.
