Costa Rica debe prohibir definitivamente la exploración petrolera y de gas natural. Ya lo hizo mediante la moratoria de 50 años aprobada por decreto, pero una ley daría permanencia a la medida y notificaría al mundo nuestra decisión de luchar contra el cambio climático y sumarnos a los países líderes del esfuerzo para preservar el planeta.
La prohibición es buen negocio. El sello verde es importante como atractivo turístico y cada vez más se convierte en ventaja competitiva en la industria, el comercio y la atracción de inversiones. Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, declaró su intención de utilizar el intercambio internacional como medio para promover políticas contra el cambio climático. No se puede esperar menos de las naciones europeas.
Por su parte, los consumidores en todo el mundo exigen bienes y servicios creados con apego a las mejores prácticas ambientales. La tendencia también pesará sobre las decisiones de inversión, por si fuera poco el estímulo de nuestros principales socios comerciales a la producción amigable con el ambiente.
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Frente a las tangibles ventajas, hay una quimera. Si tuviéramos la cantidad y calidad de hidrocarburos necesarias para la explotación comercial, de todas formas llegaríamos tarde al mercado. El mundo va en la dirección contraria: Europa acaba de anunciar su más ambicioso plan para lograr la carbono neutralidad en el 2050, incluida la prohibición de vehículos de combustión en un plazo de 20 años. En mayo, la Agencia Internacional de Energía fijó el objetivo de alcanzar cero emisiones netas en el 2050, para lo cual pidió detener inmediatamente la exploración de yacimientos de combustibles fósiles en todo el mundo. La transformación energética figura, también, en un lugar preferente de la agenda del presidente Joe Biden.
Los hidrocarburos perderán rentabilidad y mercado en poco tiempo. La mejor prueba son las visionarias inversiones de fondos soberanos, como el de Arabia Saudita, en el desarrollo de energías renovables. Ese consejo viene de uno de los principales productores mundiales de petróleo.
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Licitar la explotación, hacer las perforaciones y estudios necesarios para cuantificar el recurso, diseñar los pozos y crear la infraestructura requerida para procesar el petróleo o gas antes de enviarlo a la refinería o al puerto de exportación es un largo proceso. Si nuestro país empezara mañana y lograra ejecutarlo en una década, lo cual parece improbable, estaríamos en capacidad de salir a buscar mercados justo en el momento más pronunciado del declive de los hidrocarburos.
A los riesgos financieros de crear una industria en peligro de obsolescencia se suman graves peligros ambientales: contaminación de aguas, derrames de petróleo, fugas de gas y explosión de pozos son consecuencias casi inevitables. Tarde o temprano ocurre una o varias de ellas.
Desafortunadamente, la Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas natural no se limita a establecer la prohibición. También asigna a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) un papel preponderante en el desarrollo de energías alternativas por cuenta del consumidor nacional.
El artículo 6 del proyecto autoriza a la Refinadora a «investigar, producir, industrializar, almacenar, transportar y comercializar fuentes de energía alternativas, no convencionales, renovables y limpias, que le permitan al Estado costarricense satisfacer las necesidades energéticas de forma sostenible, en un mercado de competencia».
La conveniencia de prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas natural no debe servir de disfraz para los reiterados esfuerzos de encontrarle utilidad a una institución cada vez menos relevante, en parte por las razones esgrimidas para establecer la prohibición. El país debe comprometerse con la transformación energética y la necesidad de invertir en un futuro verde, pero no a lomos de un elefante blanco del pasado.
El Congreso puede superar el problema con facilidad. Es cuestión de enmendar el proyecto y, si se quiere, posponer la discusión sobre el destino de Recope para mejor oportunidad, cuando el debate no cree confusión sobre una decisión histórica de tanta trascendencia.
