Las elecciones del 2022 debieron haber sido de valor didáctico para los diputados sobre el uso de troles, la desinformación, las posverdades y la utilización de partidos taxi, pero en lugar de atender un estado de situación verdaderamente preocupante, la Comisión Especial de Reformas al Sistema Político y Electoral del Estado tiene paralizado el trámite de los proyectos planteados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a finales de marzo del año pasado.
Los legisladores, cortos de alcance, concentran esfuerzos en favor de sus intereses inmediatos, por ejemplo, en el plan para unificar nuevamente las elecciones municipales con las nacionales, reducir el tiempo entre la primera y la segunda vuelta presidencial o el conteo manual de votos cuando las diferencias sean de 500 votos en el caso de los alcaldes y 1.000 en el de los diputados.
La reforma del TSE contra el uso de troles y las redes sociales en las campañas daría al traste con las nuevas mañas: prohibiría la propaganda a través de perfiles, cuentas y páginas falsas, o de cuentas administradas por una persona que no sea la titular.
Propone, además, tomar una parte de la contribución estatal y administrarla institucionalmente según el plan de medios que presente el partido político, en el cual se incluirían las redes sociales, constituyéndose en un muro de contención de la propaganda en las plataformas.
Las iniciativas del Tribunal Supremo de Elecciones no tomaron en cuenta la inteligencia artificial, pero nunca es tarde para incorporarla, dada la velocidad de su desarrollo y la lentitud del país al responder a los desafíos modernos.
No son pocos los que temen un uso extensivo de la tecnología en un espacio donde la experiencia ha demostrado la fragmentación del debate político, la manipulación de los votantes e incluso la interferencia extranjera.
Siempre habrá formas de inducir a engaño al electorado y, como reconoció la magistrada Zetty Bou Valverde, la regulación “es compleja”, pero tornar el trabajo más difícil a quienes perdieron todo respeto por la verdad es la mejor forma de garantizar reglas justas, tendentes a impedir un resultado perjudicial para el Estado de derecho. Vale la pena el empeño de los diputados contra un problema evidente hasta las narices.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.
