El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que a veces ha confundido la prudencia con el letargo, cambió de chip y presentó a la Asamblea Legislativa cuatro necesarias propuestas de reforma electoral. Bienvenidas. Su gran virtud es que, sin agotar los retos pendientes en la materia, ni presentarse como soluciones últimas, abordan tres temas de particular importancia. Dos de los proyectos se refieren al financiamiento estatal de los partidos; los otros, a los requisitos para su inscripción y permanencia, y a la regulación de la propaganda en el nuevo ecosistema mediático.
Más allá de lo sustantivo, la iniciativa podrá activar un centro de gravedad alrededor del cual se aglutine, sistematice y ordene la discusión sobre casi 40 otros proyectos electorales —dispersos algunos, redundantes otros— que engrosan la agenda legislativa.
El TSE plantea fijar en la Constitución algo ya decidido en leyes: reducir del 0,19 al 0,11 el porcentaje de la contribución estatal a los partidos. Introduce disposiciones destinadas a que haya mayor equidad sobre su distribución, menor necesidad de acudir a préstamos de terceros y límites a manejos internos caprichosos o dolosos. Los cambios sobre su inscripción y desinscripción se orientan, esencialmente, a fortalecer su estabilidad y permanencia, y a asegurar que tengan “un arraigo popular mínimo”.
