Contrario al abrupto cambio de opinión de la presidenta Laura Fernández sobre las pensiones de los expresidentes –de apoyarlas a rechazarlas en cuestión de días– deseo reiterar la mía. Estoy a favor. Lo dije en esta misma columna el 17 de setiembre de 2020, y lo mantengo, no por testarudo, sino porque, aunque suene arrogante, creo estar en lo correcto. De seguido, argumento por qué.
Tras la iniciativa para eliminarlas, veo una mezcla de populismo y buenas intenciones. Populismo porque, como escribí entonces, suena bien y da réditos políticos “que todos seamos igualiticos”, y reconectar a tierra a quienes ejercieron el cargo. Buenas intenciones, porque muchos de sus impulsores asumen que, al abolirlas, desaparecerá un privilegio y se fortalecerá la naturaleza republicana e igualitaria de nuestra democracia.
Discrepo. Aunque suene contradictorio, lejos de reforzar, su desaparición puede debilitar la equidad entre candidaturas. Pocos aspirantes presidenciales tienen un patrimonio del que nutrirse tras cuatro años. La mayoría debe romper con su carrera laboral o nexos empresariales. Regresar a ellos no es fácil, a menos que, como los suspicaces suponen, hayan utilizado el cargo para alimentar redes de influencia y generar fuentes de ingresos.