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Costa Rica es reconocida por su sector agroalimentario: estamos entre los países líderes en exportación de piña, banano y café, pero el manejo que les damos a nuestros cultivos también ha sido cuestionado a nivel internacional.
Diversos organismos de la Organización de Naciones Unidas como la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han alertado sobre el alto uso de plaguicidas por superficie de tierras de cultivo en la agricultura, que ronda, en promedio, los 34,45 kilogramos (kg) de ingrediente activo por hectárea por año, una cifra mayor a la de los países OCDE.
Este uso indiscriminado de pesticidas contamina el suelo, el agua y el ambiente en general, lo que afecta la salud (OPS/OMS) de quienes trabajan en agricultura de banano, café y piña, residen cerca de plantaciones o de quienes consumimos estos productos.
Las crisis por contaminación de cuerpos de agua en cuencas, como las del norte de Cartago por clorotalonil están detrás de los incumplimientos internacionales confesos, los inesperados cambios reglamentarios y los intereses económicos que subyacen tras su uso. Esto, a pesar de la nueva política pública para los plaguicidas agrícolas 2024-2034 que promete revisar “18 moléculas sujetas a futura evaluación técnica con el fin de determinar su posible retiro del mercado nacional, por representar riesgos inaceptables para la salud o el ambiente”.
Un avance real sería que el país prohibiera la importación de los químicos que ya vetó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y que esa misma entidad prohibiera su fabricación y exportación, pero se siguen produciendo en Europa e importando en Costa Rica, lo cual me parece hipócrita. Otro avance sería sacar del letargo para su análisis y trámite al proyecto legislativo N.° 23.783, que pretende regular el uso de plaguicidas altamente peligrosos
Si somos un supuesto “país verde” que se preocupa por la protección ambiental y proyectamos una imagen de sostenibilidad, ¿por qué seguimos utilizando todos estos agroquímicos? El modelo agrícola actual tiene que cambiar y este es un tema de vida o muerte que, lamentablemente, no genera la preocupación necesaria en la población ni en la clase política, a pesar de las intoxicaciones anuales, las comunidades privadas del derecho al agua potable y de que diversos estudios relacionan directamente el incremento de cáncer en el país con los agroquímicos que se utilizan.
El país no puede olvidar la tragedia del Nemagón (décadas 1960 y 1970), que envenenó a unas 20.000 personas en las bananeras; ni tampoco la contaminación por bromacil en los mantos acuíferos en plantaciones de piña, ni el rechazo de melones ticos en Alemania por clorotalonil.
Espero y exijo del nuevo gobierno propuestas que no se queden en discursos populistas, propuestas que generen un cambio real en nuestro sector agro. El país no puede seguir asumiendo un riesgo sanitario y ambiental tan grande como lo es el mal uso de pesticidas.
Raciel Vindas Araya es estudiante de Biosistemas.
