EscucharEl Centro Latinoamericano para la Competencia y el Desarrollo Sostenible del Incae presentó el Informe de Competitividad Global 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial.
Costa Rica aparece en la posición 62 de 141 países analizados. Aunque es el quinto mejor de América Latina, “retrocedió” un tanto en los últimos años, pues en el 2018 ocupó la posición 55 y, en el 2017, la 54. El deterioro en el ranquin se debe a que otros países mejoraron sus indicadores, mientras nosotros nos quedamos relativamente estancados.
A pesar de su valioso capital social, Costa Rica se ubica muy mal en lo que respecta a homicidios, crimen organizado, desempeño del sector público, carga regulatoria, calidad de carreteras y visión a largo plazo, entre otros.
El profesor emérito del Incae J. S. Ramírez impartió una interesante conferencia titulada “Costa Rica y su gran reto de los próximos 20 años: Más allá de la democracia representativa-La necesidad de invención social”.
¿Por qué se está estancando la competitividad de Costa Rica?, preguntó Ramírez. ¿Será por incompetencia del liderazgo político? ¿Incompetencia del liderazgo empresarial o de las organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones, Iglesias)? ¿O quizá por incompetencia de todos ellos?
No favoreció ninguna de esas explicaciones y propuso otra posible causa: Costa Rica se está estancando por “la incapacidad del proceso de decisiones públicas para atender la creciente complejidad de la sociedad, que genera agendas erradas, decisiones muy deficientes y enormes cuellos de botella para todos los actores de la sociedad”. Por tanto, en su opinión, urge “una gran reinvención social sobre las reglas de las decisiones políticas”.
Democracia en vilo. El conferencista citó los resultados de encuestas que muestran que en América Latina es cada vez más el desencanto con la democracia representativa y cómo los partidos políticos y los políticos — intermediarios claves para el funcionamiento de la democracia representativa— figuran en el nivel más bajo de credibilidad para los ciudadanos.
Según documenta el último informe de la Corporación Latinobarómetro, mientras en el 2008 un 51 % de los latinoamericanos mostraron insatisfacción con la democracia, en el 2018 la proporción había ascendido al 71 %. Por dicha, el promedio de América Latina no refleja fielmente el caso de Costa Rica, cuyos ciudadanos todavía aprecian el sistema democrático. Sin embargo, en el 2018, solo un 45 % mostró satisfacción por esa forma de gobierno, lo cual no deja de ser preocupante.
Sin solución concreta. El profesor Ramírez considera que en las últimas décadas el mundo ha cambiado sensiblemente en cuanto al número y complejidad de las interacciones sociales y las tecnologías disruptivas, y ha aumentado la cantidad de conflictos potenciales (por ejemplo, la conservación de la naturaleza), y eso ha llevado a no pocos a marginarse de la política, a pensar que ningún partido podrá atender con éxito los problemas más graves de la sociedad, como corrupción, pobreza, violencia, desempleo y deficiente educación. Y que eso alimenta oportunidades crecientes para el populismo.
Por lo anterior, concluyó el Dr. Ramírez, es necesario ajustar el instrumental de gobierno democrático, concebido para la situación imperante hace unos 200 años, y asegurar que hoy funcione con máxima legitimidad, que sea capaz de tomar decisiones oportunas y eficientes. Ahí terminó la ponencia, sin indicar en qué podría consistir una solución concreta.
En el receso, le comenté que no dejaba de ser interesante que Singapur y Estados Unidos, por varios años ya, se hayan turnado en el primero y segundo lugar del ranquin de competitividad global, a pesar de que sus sistemas políticos son muy diferentes.
Singapur tiene mucho de dictatorial. Eso sugiere que quizá la competitividad de un país no tiene mucho que ver con su sistema de gobierno, sino con otros factores. De lo conversado, me quedó la sensación de que el Dr. Ramírez favorece el exigir a los ocupantes de los principales cargos públicos una idoneidad mínima para que puedan ejecutar más profesionalmente las labores encomendadas por la sociedad.
La gran Eunice. Mas, cuatro días después de la actividad que comento, concretamente el domingo 13 de octubre, en la sección “Áncora” de este medio, leí una serie de escritos conmemorativos del centenario del nacimiento de la poeta Eunice Odio, quien encontró que la Costa Rica de su tiempo era muy limitante y por ello emigró al norte.
Dice uno de esos artículos que, en 1947, en El Imparcial de Guatemala, Eunice explicó cómo veía nuestra situación política e hizo “historia de la corrupción fiscal y la mala administración gubernamental, de cuya inveterada irresponsabilidad política” seguía siendo víctima el país.
Según ella, “este tipo de crisis desaparecería si se eliminara la incapacidad administrativa de los representantes del Estado”.
La noticia mencionó que Eunice Odio criticaba a los “desocupados mentales que se metían en la política sin conocer siquiera el significado de esa palabra; como también a aquellos legisladores que se realizaban dando leyes todos los días, absolutamente todos los días, como si fueran sábanas y manteles, sin importar que luego, por inaplicables, hubiera necesidad de almacenarlas, exportarlas, comerlas, venderlas y hasta estafarlas”. Puestas así las cosas, “ya no se trataba de una democracia, sino de un demorrelajo”.
De modo que el problema que expuso el profesor emérito del Incae hace unos días, con otras palabras, lo había descrito hace más de 70 años la poeta costarricense cuyo centenario de nacimiento ahora se celebra.
Exigir. Como Churchill, considero que "la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás”. Y que es menester protegerla y adaptarla a las necesidades actuales y a las previsibles para el futuro cercano.
Exigir que los candidatos a alcaldes o a diputados tengan un doctorado de Stanford o de La Sorbona difícilmente sería aceptado en nuestro medio. Pero sí se puede, y quizá se deba, exigir que, actuando dentro de los estándares normales de legitimidad, la acción del sector público “sea capaz de tomar decisiones de calidad, oportunas y eficientes”, como señaló el profesor del Incae.
Un inicio podría consistir en pedir a los ocupantes de puestos que no sean de elección popular —como son los ministros, presidentes ejecutivos, miembros de juntas directivas, gerentes y jefes de departamento— que reúnan una serie de requisitos mínimos para el desempeño eficaz de esos cargos, de modo que los puestos no sean utilizados como botín político-electoral, y esos servidores respondan claramente por su gestión.
En lo relativo a los candidatos a diputados, me parece (salvo mejor criterio en contrario) que lo más que puede hacerse es exigirles hacer del conocimiento de los electores cuál es su formación académica, sus logros pasados, la posición ante los principales problemas del país, y que no se les elija por listas.
El conocer de una manera compacta cuál es el conjunto normativo de emociones, ideas y creencias de los candidatos, es decir, sus ideologías, es clave para saber el curso de acción que más probablemente tomarán cuando actúen como “representantes del pueblo”.
Pero a los asesores legislativos sí se les debe pedir un mínimo de condiciones académicas y profesionales.
Se trata, de un asunto fundamental y, por ello, sin tener una opinión muy elaborada al respecto, me he permitido compartirlo con ustedes, lectores.
¿Cuál habría sido la opinión de la poeta hoy homenajeada, Eunice Odio, sobre todo esto, si estuviera con nosotros?
El autor es economista.
