EscucharLos universidades públicas deben ser competitivas, comprometerse con la rendición de cuentas y operar con austeridad, en consonancia con la situación fiscal del país. No es justo que quieran apartarse de las medidas que exigen las circunstancias financieras que estamos viviendo, producto del crecimiento en el gasto público en forma irresponsable.
El crecimiento del gasto de las universidades en términos reales entre el 2014 y el 2017 fue de un 33,4 % y el aumento de egresados apenas un 3,5 %. Los incentivos en las universidades públicas son el 48,5 %. El presupuesto total para ellas alcanza los ¢714.000 millones, financiados con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), por ¢511.154 millones y otros recursos.
Es, ante el anuncio del gobierno de recortar ¢10.000 millones del FEES, que solo significa el 1,95 % de su presupuesto, que los rectores reaccionaron y dijeron que era un ataque y debilitamiento a su autonomía y una violación a la carta magna.
Los rectores, en lugar de tomar una posición de solidaridad y austeridad, en vista de la gravedad fiscal, presentaron un recurso de inconstitucionalidad con la pretensión de alejarse de la regla fiscal impuesta por la Ley 9635, a sabiendas de que solo si se cumple en todas las instituciones que están ligadas al presupuesto nacional conseguiremos el equilibrio fiscal en el 2025.
Salarios y pluses. El 28 % del gasto de las universidades publicas está destinado a pluses y este año significarán ¢202.400 millones. En la Universidad de Costa Rica (UCR), el gasto en anualidades tendrá un crecimiento del 3,4 % sobre el total de los ingresos de los empleados, después de una “excelente” negociación con el sindicato, con el cual se renegoció de un 5,5 % sobre el salario base a un 3,75 % sobre el salario más pluses. Esta nueva fórmula, al final no producirá ningún ahorro significativo para la UCR.
El rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) reconoció que el crecimiento de los pluses dispara los gastos de la institución y renegoció de un 5,5 % al 4 % en forma “gradual”. El vicerrector de la Universidad Nacional (UNA) aceptó que el crecimiento de un 5 % de los salarios está afectado por las anualidades y renegoció a un 4 %. El rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) manifestó que los aumentos salariales están afectando la inversión y la mejora tecnológica. Lo cierto es que las remuneraciones de las universidades se salieron del canasto y toda corrección va a tardar años, sobre todo, cuando los incentivos no están ligados a resultados.
En la UCR, un profesor recibe en forma automática un 3,75 % por cada año trabajado, más un 30 % por dedicación exclusiva, más un 30 % por mérito académico, más un 4 % por cada nuevo mejoramiento profesional, más un 39 % si debe cambiar de residencia.
Los administrativos reciben un 30 % por dedicación exclusiva, un 30 % por retener sus servicios y un 3,75 % en anualidades. Los pagos extras significan un 173 % de las remuneraciones básicas en la UCR, un 109 % en la UNA, un 151 % en la UNED, un 187 % en el ITCR y un 87 % en la UTN.
En cuanto a remuneraciones, la UCR, de un presupuesto de ¢346.800 millones, destina ¢207.000 millones, es decir, el 59,8 %; en la UNA, es el 51,7 %; en el ITCR, el 64,5 %; en la UNED, el 57,9 %; y en la UTN, el 65 %. El promedio salarial entre administrativos y docentes de la UCR es ¢20 millones al año, lo cual equivale a ¢1,6 millones al mes. Cerca de 300 empleados de la UCR ganan más de ¢4 millones al mes. Los actuales esquemas de remuneraciones de las universidades no tienen criterio de razonabilidad, eficacia y sostenibilidad.
Pensiones y endeudamiento. Es preocupante que 1 de cada 2 pensionados de lujo hayan sido empleados de las universidades públicas. De las 3.777 pensiones de lujo, 1.733 provienen de centros de estudios superiores, con un promedio de ¢2,5 millones netos. Hay más de 34 pensionados de las universidades con pensiones netas que van de los ¢9,2 millones mensuales a los ¢6,2 millones. 1 de cada 4 pensionados de lujo proviene de la UCR. Las jubilaciones de las universidades superan a las de la Corte Suprema de Justicia.
Este año, Costa Rica necesitará un financiamiento de entre ¢2,7 billones y ¢2,9 billones. El FEES se financió en el 2012 con un 30 % de bonos de deuda interna y en el 2018 subió al 80 %. ¿Debemos seguir endeudándonos para seguir pagando pensiones de lujo y gastos crecientes, que al final no serán sostenibles? ¿Acaso estaremos todos los costarricenses dispuestos a pagar más impuestos para pagar tanta gollería?
Calidad. No se vale comparar nuestras universidades públicas con las privadas, pues las primeras reciben apoyo millonario y las segundas, no. Por otra parte, es importante destacar el esfuerzo de las universidades privadas por mejorar infraestructura, innovar y brindar calidad educativa.
Referente a la medición de calidad de las principales universidades públicas de acuerdo con el QS World University Ranking 2019, la UCR está entre la posición 501 y 510 con una reputación para los empresarios de un 36,4 % y la UNA está ubicada entre la posición 751 y 800 con una reputación del 24,3 %. Hemos duplicado la inversión en educación en los últimos diez años y el mejoramiento no ha sido en calidad ni en infraestructura. La mayoría de los ingresos frescos se han ido en salarios.
Pertinencia y cambio. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe sobre las universidades públicas, llama la atención a que en Costa Rica no existen suficientes incentivos para aumentar graduados en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), entre el 2014 y el 2017, la inserción laboral con educación superior disminuyó y vamos a requerir universidades más flexibles, con programas cortos certificados internacionalmente y profesionales que hablen varios idiomas y con habilidades blandas. ¿Podrán nuestras universidades públicas hacer esos cambios curriculares a corto plazo? ¿Están las universidades dispuestas a apostar por más tecnología e investigación de productos y procesos innovadores? ¿Habrá un compromiso para desarrollar verdaderos parques tecnológicos? ¿Cuántas patentes ha logrado inscribir internacionalmente nuestras universidades en los últimos 25 años? ¿Se podrá lograr mayor flexibilidad en el uso de los recursos humanos? ¿Podremos eliminar la burocracia que afecta a las universidades? ¿Estarán las universidades en capacidad de hacer alianzas con el sector privado? ¿Cambiarán sus consejos directivos la forma de pensar sobre la importancia del sector productivo privado?
El cambio demográfico y tecnológico exige innovación y transformaciones radicales en la educación superior. El Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) acaba de señalar la saturación de profesionales en 36 carreras, con base en un estudio, lo cual afecta a decenas de universidades privadas. ¿Que sucederá con la oferta de las universidades públicas? ¿Será que el Observatorio de Conare tiene otras conclusiones?
Lo importante es ordenar los recursos que invertimos en educación. No es justo que tengamos una desocupación de un 12 % y un empleo informal de un 40 %. Costa Rica invierte el 8 % del PIB en educación pública y un 4,4 % en otros programas sociales con resultados muy cuestionables en cuanto a calidad.
La pobreza y la desocupación van en aumento, y no es por falta de recursos, como muchos lo señalan. Hemos creado un aparato estatal que ya colapsó y necesita una reingeniería total.
El autor es ingeniero.
