Columnistas

Modelo político obsoleto

No hay ley o política pública que no esté contaminada por los intereses o privilegios de los grupos que han llegado a controlar todas las esferas de poder público

La capacidad de adoptar decisiones colectivas oportunas y dirigidas a favorecer a la sociedad en su conjunto se ha atrofiado a tal punto que no hay ley o política pública que no esté contaminada por los intereses o privilegios de los grupos de interés que han llegado a controlar todas las esferas de poder público.

Normalmente un deterioro de estas dimensiones solamente es resuelto por medio de una asamblea constituyente, pero la simple mención de esa alternativa hace surgir fundados temores porque el remedio puede ser mucho más dañino que los serios problemas estructurales que se tratan de solucionar.

Esta desalentadora encrucijada nos deja ante la alternativa de promover reformas parciales a la Constitución Política, que deben ser tramitadas y aprobadas por los mismos beneficiarios de un sistema transaccional del poder y que rara vez actúan con el interés general en su lista de prioridades.

Aun en ese contexto, o a pesar de esas circunstancias, no debemos dejar de promover ajustes que señalen vías de solución a las más graves deficiencias que impiden que podamos afirmar que nuestro país sea un Estado de derecho medianamente funcional.

Tránsito hacia un sistema parlamentario. El asunto más apremiante consiste en buscar soluciones a la discrepancia radical entre el sistema de organización formal de los poderes públicos y la realidad multipartidista que se ha consolidado en las últimas dos décadas.

Las elecciones nacionales parecen destinadas a pasar por una primera ronda con un marcado carácter de elecciones primarias, en donde se hace necesaria la negociación de alianzas para la segunda vuelta, sin contar con instrumentos formales que permitan canalizar esos acuerdos en forma institucionalizada.

Por más negociaciones o pactos, no hay forma oficial de canalizar orgánicamente esas coaliciones de hecho. Esta situación pone sobre la mesa de discusión la necesidad de introducir en el menor plazo posible un sistema parlamentario unicameral, de modo que esa realidad multipartidista sea canalizada por mecanismos transparentes y legítimos de construcción de acuerdos.

La experiencia reciente demuestra la necesidad de introducir nuevas reglas para la construcción de esos acuerdos y el sistema parlamentario es la respuesta apropiada.

Se ha planteado en el pasado que una reforma parcial a la Constitución no puede consistir en una reforma de gran alcance, pero esa tesis no tiene apoyo alguno en la carta fundamental ni en la forma en que el poder constituyente derivado fue diseñado en 1949. No hay nada que impida introducir el parlamentarismo mediante una reforma parcial.

Una modificación del sistema político como la propuesta requeriría además la recomposición de la representación popular, lo que llevaría a modificar las actuales circunscripciones electorales y pensar en la designación de un número de legisladores por distritos territoriales, por votación mayoritaria, con un número adicional de puestos designados proporcionalmente por listas nacionales.

Los números para unos y otros dependerán del acuerdo que haga viable una reforma de este alcance, pero sería deseable reducir el número actual para favorecer la excelencia, tan venida a menos en los últimos años.

Las reglas de acceso al poder por medio de partidos políticos deben también ser sometidas a una revisión integral para eliminar las trabas en la conformación de nuevas alternativas y favorecer la participación de los ciudadanos sin necesidad de pertenecer a una agrupación política.

Rediseño integral de la Administración Pública. Una transformación del modelo político debe ser acompañada de un rediseño completo de la organización del conjunto del aparato público, de manera que se estructure a partir de la idea esencial de que, sin excepciones, es una organización al servicio de los ciudadanos y no de los grupos de interés o de los empleados públicos.

Debe otorgarse amplias facultades a cada administración, designada por la voluntad del pueblo expresada en la votación parlamentaria de investidura, que permita organizar las carteras ministeriales en función de los planes de gobierno propuestos al elector y diseñar las dependencias de la administración central de la forma en que mejor se adapte a esas propuestas y al cumplimiento de su fin básico de ser una organización servicial.

El plan de gobierno debe pasar a ser ley de la República, aprobada por el plebiscito más amplio de que se dispone, esto es, las elecciones nacionales. El atrofiado sector descentralizado debe recomponerse por completo y ser integrado dentro del concepto del Estado unitario con fines de servicio orientados a la satisfacción del interés general.

Propongo utilizar la figura de las unidades administrativas independientes para aquellas funciones que requieran una absoluta separación de la conducción central y eliminar el carácter de instituciones públicas a la miríada de entes corporativos y gremiales que pasarán al sector privado, donde han pertenecido siempre, sin potestades de imperio y, por tanto, sin capacidad de imponer exacciones al público.

Siempre dentro del concepto de Estado unitario de finalidad servicial, debe profundizarse la descentralización de funciones al sector territorial, con estricto seguimiento del cumplimiento de las tareas de fin general.

Nuevas modalidades para la solución de diferendos. La separación tradicional de funciones nos ha dejado como herencia una solución de diferendos entre los ciudadanos y entre estos y los poderes públicos totalmente anacrónica que debe ser sometida a un rediseño integral.

Deben potenciarse los medios alternativos de solución de disputas entre particulares, cuyos costos deben ser asumidos exclusivamente por las partes interesadas.

Aquellos asuntos que deban quedar en manos de un poder público y que tengan repercusión patrimonial deben tener un costo del servicio sufragado por las partes involucradas. El acceso a la justicia debe convertirse en una aspiración real y no en un enunciado sin contenido real. Sobre este aspecto queda mucho que avanzar para considerarnos un verdadero Estado de derecho.

La recuperación del Estado de derecho pleno es un proceso que se gestará en múltiples frentes, pero la realidad nos impone el reto de solucionar las grandes deficiencias actuales antes de que la ruptura sea mayor. Abramos la discusión.

rodolfo@saborio.com

El autor es abogado.

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