EscucharEs necesario que el próximo gobierno fije objetivos medibles para cada institución a fin de avanzar en la digitalización. Todos concordamos con que el gobierno de papel es inoperante y opaco y, por lo tanto, propenso a la corrupción.
Nuestro gobierno sigue siendo, básicamente, de papel. Por ejemplo, a pesar de que tenemos una buena ley de firma digital, muchas instituciones se niegan a recibir documentos (como contratos) firmados digitalmente porque “el expediente es de papel”. Un gobierno de papel no solo es ineficiente en términos de costo y tiempo, también promueve la opacidad, que es hermana de la corrupción.
Una meta que debe plantearse es la reducción del papel. Es un objetivo fácil de medir en el presupuesto, pero sería mejor cuantificar la reducción en las toneladas de papel consumido por cada división, departamento y oficina de las instituciones. Medirlo por lo menos cada tres meses.
Reducir el consumo de papel en un 80 % en cuatro años produciría enormes beneficios de reducción de costos, eficiencia y, sobre todo, transparencia. Y es perfectamente lograble si el nuevo (y joven) presidente lo asume personalmente y castiga a los jerarcas cuyas instituciones no cumplan. Obviamente, el presupuesto de papel debe reducirse de manera proporcional cada año. También puede nombrar un ministro digital que empuje la agenda en nombre del presidente.
Otra meta, fácilmente lograble, es incluir a las instituciones públicas (incluso los fideicomisos de proyectos) en el sistema único de compras públicas, en un año. Para lograrlo, a las instituciones que al 8 de noviembre no muestren avances significativos se les sancionan.
La nube. También en un año podría darse el primer paso sustancial de mover los sistemas públicos a la nube dando en un solo contrato la operación de todos los sistemas de oficinas de todas las instituciones (¿100.000 cuentas?). Eso es correo electrónico, procesamiento de palabras, hojas de cálculo y aplicaciones para diseñar presentaciones.
Esta medida, primero, mejoraría enormemente la calidad del servicio y, segundo, liberaría cientos de servidores y alargaría la vida a los equipos de los funcionarios (porque les sacaría el software).
La resistencia del sector público a la nube es incomprensible porque están más que demostrados los beneficios. Esta es una meta sencilla y fácil de medir, se refuerza reduciendo drásticamente las líneas de presupuesto utilizadas para implementar o mantener los sistemas on premise.
Contamos con una muy buena ley de firma digital, pero su puesta en operación es anacrónica, no considera, ni de pasada, la experiencia del usuario.
Otra meta que debería establecerse es la masificación de la firma digital. Se han emitido como 300.000, pero solo hay 180.000 activas, y aun estas se utilizan muy poco (no conozco el dato, pero presumo que dos veces al mes, en promedio).
Un fin realizable es contar con un millón de firmas digitales en cuatro años, y que en promedio se utilicen tres veces a la semana. Es fácil de medir. Para lograrlo, es necesario promover el uso de la firma digital en el teléfono. Esto permitirá a los ciudadanos demostrar que son quiénes dicen ser. Se debe, además, obligar a todas las instituciones a aceptar la firma digital en los trámites.
Esto es muy fácil de comprobar ofreciéndoles a los usuarios un app para denunciar casos cuando no se cumpla y reaccionando, eso sí, rápidamente para dar respuesta a las denuncias.
Infraestructura digital. Para facilitar todo lo anterior, es necesario contar con una buena infraestructura digital. Ya tenemos amplia cobertura, pero la Internet en Costa Rica sigue siendo cara, lenta y asimétrica.
El próximo gobierno debería proponerse reducir el costo de la Internet fija a un 10 % del valor actual (por megabyte por segundo) y multiplicar por 10 la velocidad promedio. A falta de una mejor idea, esta sería posible obligando a una separación contable entre los operadores de redes y los proveedores de servicio.
La separación contable es más fácil y veraz si la empresa proveedora de servicios es una subsidiaria (o, en todo caso, una entidad jurídica separada) de la empresa operadora de redes. Aquí hay tela que cortar, pero este tipo de medidas aumentan la competencia, reducen la duplicidad de la infraestructura y abaratan al usuario el costo (en dinero y conveniencia) de cambiar de proveedor.
Todo lo anterior lleva a una reducción del costo, lo cual a su vez lleva a un aumento en las velocidades de conexión.
Para eliminar el uso del papel, es necesario digitalizar el proceso en el cual se utiliza el papel. Para cumplir las metas propuestas es necesario la digitalización de manera rápida y eficiente. Para conseguir eso es necesario otra meta: eliminar por completo el desarrollo de sistemas en el sector público, en dos años.
El mantenimiento de los sistemas legados es más difícil de eliminar y tomará más tiempo. La digitalización de los procesos de papel debe hacerse adaptando sistemas que ya existen, en los pocos casos en que los procesos sean únicos en el planeta (y, por lo tanto, no exista nada que se pueda adaptar) se deberá contratar el desarrollo al sector privado.
El tema recurrente de la necesidad de adquirir el código fuente de los sistemas (supuestamente para evitar la dependencia del proveedor) se deberá hacer depositando el código en un banco con instrucciones de obtener acceso a este únicamente en casos de ruptura contractual.
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El costo de los sistemas que deberán adquirirse para digitalizar los procesos de papel deberá ser un gasto y no una inversión. Los sistemas se adquieren como servicio y se paga por transacción, siempre y cuando cumplan los requerimientos de calidad del servicio.
De esta manera, y obviamente con el concurso del nuevo presidente, en tan solo cuatro años los trámites del sector público serán eficientes y transparentes, e incluso se podría hablar de términos como Gobierno Abierto, que mientras el Estado funcione con papeles, no son más que buenas intenciones, irrealizables.
El autor es ingeniero, presidente del Club de Investigación Tecnológica y organizador del TEDxPuraVida.
